Una profunda crisis migratoria mantiene a Chile sumido por los cuatro costados en una vorágine jamás vista. La situación condujo a la implementación de una nueva ley que permite la expulsión inmediata de los migrantes ilegales.
Se trata de una explosiva combinación de causas que incrementaron la tensión en el norte del país, al punto de que el Gobierno dictó un estado excepción en cuatro provincias fronterizas con Bolivia y Perú. Todo ello con la intención de poner fin al bloqueo de carreteras que realizaba el gremio de transportistas que protestaba contra la inseguridad generada por la masiva llegada de migrantes.
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Las autoridades anunciaron además el despliegue de militares para tratar de desbloquear las carreteras. Además entró en vigencia la nueva Ley de Migración y Extranjería que permitirá agilizar las expulsiones e incluso hacer “devoluciones en caliente”.
La ley señala que “será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad ingresando al territorio nacional eludiendo el control migratorio”.
Desde finales de 2020, miles de migrantes cruzan a pie la frontera con Perú y Bolivia, a más de 4.000 metros de altitud en su intento por llegar a Chile. Los crudos pasos altiplánicos del norte conforman la principal ruta de ingreso irregular al país austral.
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Según datos oficiales, en Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población. Los venezolanos son los más numerosos.
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