La orden judicial que dispone el cierre del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, generó satisfacción entre organizaciones ambientales e indígenas, aunque advirtieron que la disputa legal está lejos de concluir, pues el Gobierno de Florida ya anunció que apelará la decisión y el caso podría escalar hasta la Corte Suprema.
El fallo, emitido por la jueza federal Kathleen Williams, establece un plazo de 60 días para desmantelar el complejo y prohíbe el ingreso de nuevos migrantes o el avance de obras en el lugar. “Esto es grande, pero no es una victoria final. Ya sabemos que habrá una apelación”, señaló Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, organización que lidera la demanda.
Las acciones legales fueron presentadas por grupos ecologistas y la tribu Miccosukee, quienes reclaman que la construcción del centro daña los ecosistemas del Parque Nacional de los Everglades, hogar de 36 especies amenazadas, entre ellas la pantera de Florida y la cigüeña de madera. Elise Bennett, directora en Florida del Center for Biological Diversity, argumentó que el proyecto viola la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro y la Ley de Agua Limpia, entre otras normativas federales.
La administración del gobernador Ron DeSantis reaccionó de inmediato. El mandatario republicano descalificó a la jueza Williams, nominada al cargo por el expresidente demócrata Barack Obama, y aseguró que la decisión no frenará los planes de deportación. “Esto no va a disuadirnos. Vamos a continuar trabajando en las deportaciones, avanzando esa misión”, declaró.
El gobernador informó que continúan los vuelos semanales de expulsión de migrantes desde Tallahassee en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Guardia Costera. También destacó un operativo reciente de la Patrulla de Carreteras de Florida que resultó en la detención de 200 personas en 72 horas. “Estamos orgullosos del trabajo que nuestros equipos están haciendo”, añadió.
Por su parte, Jeremy Redfern, portavoz del fiscal general de Florida, calificó el fallo de “ilegal” y acusó a la jueza de “excederse en su autoridad”, adelantando que el estado agotará todos los recursos judiciales disponibles.
Alligator Alcatraz fue inaugurado el 3 de julio con capacidad para albergar a 2.000 migrantes, con planes de duplicar su tamaño a 4.000. El proyecto se convirtió en emblema de la política migratoria de la administración Trump, en cuyo periodo aumentó un 49% la población bajo custodia del ICE.
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Sin embargo, cifras recientes sugieren una ocupación muy por debajo de lo previsto. El congresista federal Maxwell Frost constató esta semana la presencia de menos de 340 migrantes en el lugar, lo que refuerza las sospechas de que el gobierno estatal ya preveía un revés judicial.
Escenario de incertidumbre
Mientras los grupos demandantes celebran con cautela lo que consideran un primer triunfo en defensa de los Everglades, el Gobierno de Florida insiste en que las deportaciones continuarán. La apelación podría prolongar el conflicto y llevarlo hasta la Corte Suprema, en un pulso que combina política migratoria, derechos indígenas y protección ambiental.
Por ahora, el reloj ya corre y en menos de dos meses, según el mandato judicial, Alligator Alcatraz debería quedar desmantelado.
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