El Caucus Hispano en el Congreso (CHC) solicitó al Gobierno del presidente Donald Trump que detenga las deportaciones aceleradas.
Los agentes federales de inmigración realizan estas acciones sin la audiencia que marca la ley o la posibilidad de apelaciones.
Las deportaciones expeditas tienen menos protecciones de procedimiento que los trámites formales de deportación y los ciudadanos nacidos en el exterior no tienen derecho al asesoramiento legal, no tienen derecho a una audiencia, y no tienen derecho a una apelación de un dictamen adverso», aseguró el presidente del CHC, Julián Castro, demócrata de Texas.
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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció la semana pasada esta política, ordenada en julio. El objetivo es ampliar el número de extranjeros que quedan sujetos a la deportación inmediata.
De esta manera, ICE podrá detener y generar deportaciones a inmigrantes indocumentados por menos de dos años en cualquier zona del país, en vez de limitarse al área fronteriza con México.
«La aplicación de esta política, preñada de consecuencias, carece de transparencia y luce como una medida apresurada», señaló Castro en su carta dirigida al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf.
Igualmente, el CHC criticó el proceso de instrucción que reciben los agentes de ICE para calificar en la tarea de llevar a cabo las deportaciones expeditas.
«No hay otra información disponible acerca de la forma en que DHS e ICE ejecutarán esta política, el proceso de la deportación expedita ampliado, el contenido del curso de instrucción o cuándo entra en efecto esta medida» añadió Castro.
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