Cuando los electores decidieron pagar más impuestos a la propiedad con la finalidad de ayudar a las escuelas públicas en sus condados, esos recursos deberían compartirse entre los distritos escolares y las escuelas chárter según un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de la Florida.
La iniciativa fue patrocinada por el representante Bryan Ávila, de Hialeah. El debate del proyecto de ley se convirtió en una batalla entre demócratas y republicanos de Miami-Dade, sobre un tema que se desarrolla en Miami pero que ahora puede tener implicaciones para todo el estado de Florida.
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En las elecciones intermedias del 2018, los electores de Miami-Dade aprobaron un aumento al impuesto a la propiedad para subir el sueldo a los maestros y mejorar la seguridad escolar, como exige la ley aprobada después de la masacre en la secundaria de Parkland el año pasado.
Sin embargo, autoridades distritales han dicho que no compartirían los fondos dedicados al alza de sueldo de los maestros con las escuelas charter.
Las escuelas charter son financiadas con fondos públicos y operadas por entidades privadas, y las leyes de la Florida las definen como escuelas públicas.
Los presidentes de los dos sindicatos de maestros a nivel estatal y el sindicato de maestros de Miami-Dade celebraron una conferencia de prensa hace unos días en el Capitolio estatal para protestar contra el proyecto de ley, y dijeron que los legisladores estaban usurpando la voluntad de los electores.
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