El banco de alimentos a veces ofrece carne de cangrejo congelada y otras “carne” vegetariana. Antes del 4 de julio tenía pocos productos y se anunciaba que estaría cerrado por dos semanas.
Aunque nunca sabe exactamente lo que va a recibir, Lesli Pastrana está agradecida por el banco de alimentos Mercado El Sol. Lo visita desde que perdió su trabajo en enero. Un viernes reciente se llevó huevos, ramen, fideos y avena.
Ella y su esposo viven en Estados Unidos sin papeles. Antes de la pandemia, se las arreglaban con sus salarios y los cupones de alimentos que recibían para sus dos hijos pequeños, ambos ciudadanos estadounidenses.
Pero ahora Pastrana ha perdido su empleo en una fábrica en la que trabajó 10 años, y a su esposo le redujeron la jornada laboral en un depósito a medio tiempo, por lo que la pareja debe ahorrar hasta el último dólar para su apartamento de dos habitaciones por el que pagan $1,500 al mes, en Tustin.
Pastrana está pensando en reducirse a una sola habitación para su familia de cuatro miembros. Está preocupada por sus hijos.
“No quiero que les preocupe que no tenga trabajo en este momento”, dijo. “No conocen la gravedad de la situación, pero perciben la tensión”.
Cupones de alimentos adicionales podrían ayudar a aliviar la carga de Pastrana y reducir las visitas a la despensa de alimentos, pero como todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, ella y su marido no son elegibles para estos beneficios, a pesar de haber trabajado y pagado impuestos aquí.
Los demócratas de la legislatura estatal propusieron este año abrir el programa de cupones de alimentos financiado por el estado de California —que atiende a unos 35,000 inmigrantes autorizados que no cumplen los requisitos para recibir cupones de alimentos federales— a todos los californianos que reúnan los requisitos de ingresos, independientemente de su estatus migratorio.
El costo de la ampliación propuesta, a partir de 2023, sería de unos $550 millones al año.
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Pero después de negociaciones con la administración del gobernador Gavin Newsom, la propuesta se redujo a un proyecto de dos años y $30 millones que actualizaría el programa estatal de ayuda alimentaria para que pueda aceptar solicitudes de algunos de los más de 2 millones de personas indocumentadas en California, en caso de que el programa se extienda para abarcarlos en el futuro.
Un proyecto de ley, que se está considerando en la legislatura, ampliaría el beneficio de los cupones de alimentos a los indocumentados una vez que se actualice el sistema y la legislatura haya asignado fondos para la expansión.
Por ahora, el estado no se ha comprometido a ampliar el programa. Pero los esfuerzos de la legislatura este año ponen a California a la vanguardia en la ampliación de la ayuda alimentaria para residentes sin papeles.
Los activistas dicen que el estado tiene la responsabilidad de ayudar a alimentarlos, especialmente porque cientos de miles de trabajadores agrícolas indocumentados trabajan en los campos de California, dando de comer al estado y al resto del país.
“Están trabajando y arriesgando sus vidas, no sólo por la pandemia, sino ahora mismo por la ola de calor”, señaló la senadora estatal Melissa Hurtado (demócrata de Sanger), coautora del proyecto de ley, cuyo distrito está en el Valle Central. “Arriesgan sus vidas para proporcionarnos alimentos. ¿Por qué no vamos a invertir también en ellos?”.
El programa sería caro y el estado tendría que pagarlo por completo. Ahora mismo, California cuenta con un superávit de $76,000 millones, pero los ingresos del estado pueden variar de forma brutal. Por ejemplo, las restricciones económicas de la pandemia hicieron que la administración de Newsom proyectara un déficit de $54,000 millones justo el año anterior.
California ya ha ampliado la elegibilidad de los inmigrantes indocumentados para su programa de cobertura sanitaria Medicaid. Desde el año pasado, permite que los menores de 26 años participen si cumplen con los requisitos de ingresos, a un costo de unos $450 millones anuales.
A partir de 2022, serán elegibles los inmigrantes indocumentados de 50 años o más, y se espera que los gastos anuales del estado aumenten a $1,300 millones para el año fiscal 2024.
Hasta un millón de inmigrantes no autorizados cumplirían con los requisitos de ingresos para los cupones de alimentos, según Jared Call, de Nourish California, que copatrocinó el proyecto de ley de Hurtado. Pero el programa probablemente comenzaría ofreciendo la prestación a subgrupos, como los niños y las personas mayores.
Para tener derecho a los cupones de alimentos en California, la mayoría de las familias tendrían que ganar el 200% o menos del nivel federal de pobreza según el tamaño de su hogar. Para una familia de cuatro personas, esto significaría ganar no más de $4,368 al mes.
La oficina del gobernador se negó a comentar la propuesta de “Alimentos para Todos” y su financiación, citando las conversaciones en curso con la legislatura para finalizar el presupuesto.
Los conservadores han expresado cautela. Los senadores estatales republicanos votaron en bloque contra el proyecto de Hurtado. En un correo electrónico, el senador Brian Jones, (republicano de Santee), dijo que se le pide a los contribuyentes de California que “soporten la carga de una situación fronteriza caótica que es responsabilidad federal”.
En la Asamblea, donde los comités debaten el proyecto de ley, el legislador Steven Choi, (republicano de Irvine) sugirió que la generosidad del programa agravaría los problemas en la frontera entre Estados Unidos y México al animar a la gente a tratar de migrar a California.
Incluso los demócratas, que tienen supermayoría en ambas cámaras de la legislatura estatal, son cautelosos a la hora de asumir compromisos que no pueden cumplir. El programa “Alimentos para Todos” tendría que introducirse gradualmente en caso de que los ingresos se retrasen o de que aumenten otros gastos, según un informe presupuestario de la Asamblea.
El presupuesto estatal para 2021-22, que Newsom tenía previsto firmar el lunes 12, incluye otras medidas para favorecer el acceso a la comida para las personas de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio, como una mayor inversión en bancos de alimentos y un programa para ampliar el desayuno y el almuerzo gratuitos a todos los estudiantes de las escuelas públicas de California, sin importar sus ingresos.
La enorme demanda de comida de emergencia durante la pandemia puso de relieve la inseguridad alimentaria. En California, más de 3 millones de residentes afirmaron no haber tenido suficientes alimentos durante los tres primeros meses de cuarentena, un 22% más que antes de que comenzara la pandemia en marzo de 2020, según un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública Fielding y la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de la UCLA.
Como consecuencia, los bancos duplicaron o triplicaron su distribución de alimentos. Las escuelas, cerradas para la enseñanza, mantuvieron las cafeterías en funcionamiento para que las familias pudieran acudir cada semana a desayunar y almorzar gratis. Las organizaciones sin fines de lucro se apresuraron a organizar entregas de alimentos de emergencia para los enfermos de covid.
Pero las personas que están detrás de estos esfuerzos aseguran que la entrega caritativa de alimentos son parches que, a menudo, provocan la distribución de alimentos poco saludables, dan lugar a un enorme despilfarro y privan a la gente de la posibilidad de elegir.
“Los bancos de alimentos reciben lo que no quiero llamar ‘comida de segunda mano’, pero a menudo son alimentos próximos a su fecha de caducidad”, apuntó Claudia Keller, del Banco de Alimentos Second Harvest, en el condado de Orange. “Alimentos que pueden tener un alto contenido de azúcar, sal y grasa. Y eso, para nosotros, es un perjuicio para los más vulnerables de nuestra comunidad”.
Los activistas dicen que hay una solución mejor contra el hambre: simplemente dar a las familias dinero en efectivo o cupones para que compren su propia comida.
Vanessa Terán, del Mixteco Indígena Community Organizing Project, en la Costa Central de California, dijo que esta es la razón por la que su organización, que atiende principalmente a trabajadores agrícolas inmigrantes indocumentados, pasó de organizar colectas de alimentos a recaudar dinero para tarjetas de prepago para comestibles.
“Las personas pueden comprar lo que necesitan, y además hay una dignidad de comprador”, señaló. “Pueden tomar decisiones para sus familias que satisfagan mejor sus necesidades”.
El mismo enfoque fue adoptado por el programa federal de beneficios, conocido a nivel nacional como SNAP y en California como CalFresh y a menudo llamado cupones de alimentos o food stamps, que envía a los beneficiarios tarjetas de dinero en efectivo para comestibles, que se recargan automáticamente cada mes.
Se estima que los inmigrantes indocumentados constituyen el 8,1% de la fuerza laboral de California, según un resumen de datos de 2019 del Center for Migration Studies. Un análisis de 2019 del California Budget & Policy Center, una institución no partidista, estimó que los inmigrantes indocumentados del estado contribuyen con $3,200 millones anuales en impuestos estatales y locales.
Hurtado elogió la decisión de sus colegas de ampliar Medi-Cal a más grupos de inmigrantes indocumentados, diciendo que “el hambre y la salud van de la mano”.
“La base de la buena salud es tener acceso a una alimentación adecuada, y saludable”, expresó. “Pero creo que algo es mejor que nada, y estoy contenta con el progreso que estamos haciendo”.
Por: Anna Almendrala/CHL
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