La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que evaluará la constitucionalidad del decreto impulsado por el presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que ha generado una intensa batalla legal en tribunales federales desde su firma el pasado 20 de enero.
El decreto, actualmente suspendido por órdenes judiciales, prohíbe al gobierno federal otorgar pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense si su madre se encuentra en el país de manera irregular o temporal, y si su padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente. La restricción también afectaría a hijos de personas con visas de estudiante, trabajo o turismo.
La política desafía directamente el principio de jus soli, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución desde 1868. Esta enmienda, aprobada tras la Guerra de Secesión, estableció que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana del país, una protección diseñada originalmente para garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.
Aunque la Corte Suprema limitó recientemente la capacidad de los jueces federales para emitir bloqueos a nivel nacional contra medidas del poder ejecutivo, el tribunal no se había pronunciado sobre el fondo del decreto de Trump hasta ahora. La decisión de revisar el caso abre la puerta a un fallo que podría redefinir uno de los principios históricos de la ciudadanía estadounidense.
El gobierno de Trump sostiene que la ciudadanía automática actúa como un incentivo para la migración irregular. En un escrito presentado ante el tribunal, el fiscal general John Sauer argumentó que la “concesión errónea” de ciudadanía a hijos de personas en situación irregular ha “dañado sustancialmente” al país, afectando incluso su “integridad territorial”.
La orden ejecutiva debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero varios jueces federales frenaron su implementación. Entre ellos, el juez John Coughenour, del estado de Washington, calificó la medida de “manifiestamente inconstitucional” y afirmó que rara vez había visto un caso “tan claro” en más de cuatro décadas de carrera judicial.
La composición actual de la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de seis magistrados —tres de ellos nombrados por Trump durante su primer mandato—, agrega incertidumbre sobre el futuro del principio de ciudadanía por nacimiento.
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Organizaciones de derechos civiles se preparan para una nueva batalla legal. Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), expresó su confianza en que el máximo tribunal “derogue esta orden perjudicial de una vez por todas”, y advirtió que despojar de ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos sería “devastador y profundamente cruel”.
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