El gobierno del presidente Donald Trump anunció en fecha reciente que agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) estarán habilitados para investigar, arrestar y portar armas como parte de la ofensiva contra la inmigración ilegal en este país. La medida marca un cambio significativo en el papel de esta agencia federal, hasta ahora concentrada en funciones esencialmente administrativas.
Tradicionalmente, el USCIS se ha encargado de tramitar naturalizaciones, visados, permisos de residencia y de trabajo, manteniéndose al margen de las labores de aplicación de la ley que recaen en organismos como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza (CBP). Sin embargo, un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que los funcionarios especialmente designados “están facultados a partir de ahora para investigar, arrestar y presentar ante la justicia a quienes violen las leyes de inmigración de Estados Unidos”.
La orden, firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concede al director del USCIS, Joseph B. Edlow, la capacidad de nombrar agentes especiales y entrenarlos en estas nuevas atribuciones. Según el DHS, este cambio permitirá “reducir atrasos en casos de extranjeros que buscan explotar el sistema mediante el fraude” y reforzar la capacidad del gobierno para procesar expedientes sin depender en exceso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La inmigración ilegal ha sido uno de los principales ejes políticos de la Administración Trump desde el inicio de su mandato. La Casa Blanca asegura que en los primeros seis meses se han arrestado más de 300.000 migrantes, mientras que algunos expertos estiman que entre 8 y 10 millones de personas cruzaron irregularmente las fronteras estadounidenses en los últimos cuatro años.
El giro en las atribuciones del USCIS se da en medio de un escenario marcado por intensos debates judiciales. Varias medidas restrictivas impulsadas por la administración republicana han sido cuestionadas en cortes federales e incluso revisadas por la Corte Suprema. En fecha muy reciente, un juez federal ordenó detener la deportación de varios menores guatemaltecos que iban a ser embarcados en un aeropuerto, un episodio que subrayó las tensiones legales en torno a la política migratoria de Estados Unidos.
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Con esta decisión, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se integra de lleno en la estrategia de Trump, consolidando el endurecimiento del sistema migratorio y ampliando el alcance de las agencias federales en la persecución de la migración irregular.
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