Un juez federal californiano, no solo renovó su decisión de bloquear las restricciones de asilo impuesta por el presidente Trump, sino que irradió el alcance de su sentencia al ámbito nacional para salvaguardar el derecho a recibir cobijo por parte de inmigrantes en condiciones vulnerables.
La decisión del tribunal fue expuesta por segunda vez y congelan los efectos de las restricciones que la administración Trump impuso el pasado mes de julio que de acuerdo a los defensores de los derechos civiles buscan dejar fuera del sistema a la mayoría de solicitantes centroamericanos.
Al respecto el Gobierno estadounidense emitió un comunicado en el que calificó la decisión de ser “un regalo para los traficantes de personas” y de “menoscabar el Estado de Derecho”, y aseguró que las políticas de inmigración y seguridad fronteriza “no pueden depender de un único juez de distrito que decida emitir bloqueos nacionales”.
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Jon Tigar, un magistrado de los juzgados de Oakland (California), reafirmó su decisión inicial y extendió la prohibición a todo el país, pese a una resolución del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que limitaba los efectos de la misma a los estados fronterizos bajo su jurisdicción: California y Arizona.
Tigar en su fallo apuntó que “aunque las órdenes a nivel nacional no son la regla general, estas sí son apropiadas cuando se requiere esta extensión para remediar los daños causados a los demandantes”.
De este modo, el bloqueo a las medidas de Trump vuelve a estar vigente en todo el país, lo que implica que Texas y Nuevo México -los otros dos estados fronterizos del sur de EE.UU. junto a Arizona y California- también deberán aplicarlo.
Pese a tener menor “rango” que la corte de apelaciones que había limitado el efecto de su decisión anterior, el magistrado ha podido reafirmarse en su postura porque dicha corte también determinó que el caso volviera a manos de Tigar.
La medida promovida por Trump a mediados de julio restringe la posibilidad de pedir asilo en EE.UU. a los migrantes que haya pasado antes por otros países, donde deben dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano.
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Como la mayoría de solicitantes de asilo en la actualidad son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EE.UU. pasan precisamente por Guatemala y por México, con lo que se pone virtualmente fin a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
“La Corte ha reconocido que los solicitantes de asilo afrontan graves peligros a lo largo de toda la frontera sur (de EE.UU.)”, aseguró tras conocer el fallo de Tigar el portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt.
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