Tras 25 años del atentado a un centro comunitario judío en Buenos Aires en el que murieron 85 personas, el gobierno de Argentina ordenó el congelamiento de activos del grupo Hezbollah en la nación, y calificó como una organización terrorista al grupo islamista libanés al que se le atribuyen dos ataques en el país.
Argentina culpa a Irán y Hezbollah por el ataque, sin embargo ambos niegan cualquier responsabilidad. El país suramericano también culpa a Hezbollah por un ataque a la embajada israelí en Buenos Aires en 1992 que mató a 29 personas.
El 18 de julio de 1994 a las 09:53 de la mañana una bomba voló la sede del centro judío AMIA y causó 85 muertos, convirtiéndose en el más grave atentado de la historia argentina que continúa impune y sumergido en una madeja de cuestiones geopolíticas y una maraña judicial.
Una camioneta cargada de explosivos voló el edificio donde funcionaban la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Además de 85 víctimas fatales, con edades entre 5 y 73 años, unas 300 personas resultaron heridas.
Te puede interesar:Corte argentina absuelve a expresidente Menem por caso AMIA
El miércoles se inauguraron tres murales conmemorativos en el Hospital de Clínicas, adyacente a la sede de la AMIA, donde se atendió a las víctimas en aquella mañana y el jueves fue declarado día de duelo nacional.
Argentina, con una colectividad judía de 300 mil personas, es la segunda con más miembros de América después de Estados Unidos y es el único país de Latinoamérica en el que ha ocurrido un atentado antisemita.
En un contexto de extrema tensión entre Israel e Irán, Buenos Aires había sufrido otro atentado dos años antes: el 17 de marzo de 1992 una bomba voló la embajada de Israel causando 29 muertos y unos 200 heridos. Por el de la AMIA, se responsabilizó al movimiento chiíta libanés Hezbolá y a Irán.
La justicia argentina acusa a altos exfuncionarios iraníes de haber ideado el ataque, pero no ha podido tomarles declaración indagatoria. Un memorándum de entendimiento con Irán firmado en 2012 por la ex presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) buscó, según sus autores superar ese escollo pero nunca se aplicó y ahora se investiga judicialmente como un caso de encubrimiento y traición a la patria.
Otro juicio contra la supuesta “conexión local” que proveyó la logística para el ataque fue anulado, al comprobarse que el juez pagó a uno de los implicados para que acusara falsamente a un grupo de policías y liberara a los primeros imputados. Así se dejó de investigar la llamada ‘pista siria’, que vinculaba con el atentado a familias cercanas al expresidente Carlos Menem (1989-99).
Noticias Newswire
