Cientos de ambientalistas se concentraron en Tallahassee, capital de Florida, para impulsar una iniciativa legislativa que busca restringir la instalación de centros de datos de inteligencia artificial (IA) en el estado. La movilización respalda la propuesta HB1007, presentada por el legislador republicano Phillip Wayne Griffitts, y se produce en un contexto de debate nacional sobre la regulación de esta tecnología y su impacto ambiental y social.
Activistas, en su mayoría jóvenes, viajaron desde distintas ciudades de Florida para reunirse con congresistas estatales y expresar su apoyo a la iniciativa. La HB1007 plantea prohibir la construcción de centros de datos de hiperescala en zonas agrícolas, áreas de conservación ambiental, sectores de uso mixto y áreas residenciales. El argumento central es la presión que estas instalaciones ejercen sobre servicios públicos esenciales, especialmente el agua y la energía eléctrica.
La propuesta también busca impedir la aplicación de tarifas ocultas a los usuarios derivadas de la operación de estos centros. La preocupación se intensifica en un momento en que Florida Power & Light (FPL), la principal empresa eléctrica del estado, implementó el mayor aumento de tarifas de su historia, con un promedio de 2,5 dólares adicionales mensuales por cliente durante este año.
Angie Álvarez, colaboradora de The Cleo Institute, una de las organizaciones participantes, señaló que los centros de datos vinculados a la IA “consumen demasiados recursos” para un estado cuya economía y calidad de vida dependen de su entorno natural. Según explicó, las comunidades locales son las primeras afectadas por el uso intensivo de agua y energía, una situación que, afirmó, ya se está manifestando y no es una proyección futura.
La huella ambiental de IA
El debate en Florida se inscribe en una discusión más amplia sobre la huella ambiental de la IA en Estados Unidos. De acuerdo con la organización Data Center Map, en el país existen 3.952 centros de datos, con una alta concentración en Virginia, Texas, California e Illinois. Florida cuenta actualmente con 107 instalaciones. Aunque estos centros existen desde hace décadas, el auge de la IA ha impulsado el desarrollo de instalaciones de hiperescala, que pueden albergar al menos 5.000 servidores y ocupar superficies superiores a los 92.000 metros cuadrados, según el Pew Research Center.
Estudios del Environmental and Energy Study Institute indican que un centro de este tipo puede consumir en un solo día agua equivalente a la utilizada por 50.000 personas, además de demandar casi tanta electricidad como 100.000 viviendas. La Agencia Internacional de Energía advierte que este consumo podría multiplicarse hasta 20 veces en los próximos años.
La movilización en Tallahassee también refleja una articulación nacional desde lo local. Organizaciones como Poder Latinx, con presencia en varios estados, alertan sobre el impacto de estos centros en las tarifas energéticas, particularmente en comunidades latinas. Alejandro Florez, coordinador nacional de EcoPoder de Poder Latinx, destacó que el tema trasciende afiliaciones políticas y ha generado apertura bipartidista en el legislativo estatal.
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El debate se da, además, en un escenario de tensiones entre regulaciones estatales y federales. El gobernador Ron DeSantis ha manifestado su intención de avanzar en medidas de regulación de la IA, pese a la postura del presidente Donald Trump de limitar las restricciones a nivel estatal. Mientras continúan las reuniones con legisladores, los activistas insisten en una regulación que permita el desarrollo tecnológico sin comprometer los recursos naturales ni encarecer los servicios básicos.
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