Una batalla legal se ha desatado en el sur de Florida tras la presentación de una demanda por parte de organizaciones ambientalistas contra el Gobierno de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el condado de Miami-Dade, debido a la construcción del polémico centro de detención para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en una zona ecológica sensible de los Everglades.
La querella, interpuesta por Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica, sostiene que la prisión fue edificada sin cumplir con los procedimientos exigidos por la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), al omitir una evaluación de impacto ambiental y sin permitir participación pública.
El centro de detención fue inaugurado el 1 de julio por el presidente Donald Trump y promovido por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, como parte de una estrategia para acelerar las deportaciones de migrantes. La instalación fue construida en un antiguo aeropuerto en desuso, enclavado en los humedales de los Everglades, a escasos kilómetros del Parque Nacional que lleva el mismo nombre.
Para los demandantes, esta ubicación representa una amenaza directa a uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país. “Este enorme centro de detención arruinará uno de los ecosistemas más emblemáticos del mundo”, advirtió Elise Bennett, directora para Florida y el Caribe y abogada del Centro para la Diversidad Biológica en una declaración a la prensa.
El conflicto no sólo ha despertado alarma ecológica, sino también cuestionamientos éticos y políticos. La venta del terreno, valuado en 190 millones de dólares, se concretó por tan solo 20 millones, lo que ha generado suspicacias sobre posibles irregularidades por parte del condado de Miami-Dade, también incluido en la demanda, junto al Departamento de Seguridad Nacional, la División de Gestión de Emergencias de Florida y el propio ICE.
Gobierno presenta moción
En respuesta, el Departamento de Justicia presentó una moción legal ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida con el objetivo de frenar las acciones judiciales de los ambientalistas. La medida busca evitar “retrasos innecesarios” en la construcción de ‘Alligator Alcatraz’, según un comunicado emitido por la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD).
El Gobierno argumenta que no se ha producido una “acción final” de una agencia federal que justifique la revisión del proyecto bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), alegando que se trata de una obra impulsada a nivel estatal bajo la gestión del gobernador Ron DeSantis, y que las demandas relacionadas con un posible financiamiento federal son aún “prematuras”.
“La construcción de esta instalación no solo es legal, sino vital para descongestionar otras prisiones migratorias sobrepobladas”, afirmó Adam Gustafson, fiscal general adjunto interino de la ENRD, al tiempo que aseguró que frenar el proyecto pondría en riesgo la política migratoria de la Administración Trump.
Por su parte, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, calificó las demandas como “infundadas y con motivaciones políticas”. Según la funcionaria, el proyecto representa un pilar central en la estrategia federal para reforzar la vigilancia migratoria en el país.
Mientras tanto, los primeros migrantes detenidos ya han comenzado a ser trasladados a ‘Alligator Alcatraz’, en medio de una creciente controversia pública y jurídica. Para los defensores del medio ambiente, el daño ya está hecho; para las autoridades federales, la prisión es una necesidad urgente.
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Lo que está en juego ahora no es solo un ecosistema único, sino también los límites del poder estatal y federal frente a la legislación ambiental, en un contexto cada vez más polarizado por la inmigración y la protección del medio ambiente. El futuro de ‘Alligator Alcatraz’, y el de los Everglades, se decidirá en los tribunales.
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