Un juez estadounidense ordenó al Gobierno de Florida hacer públicos los archivos relacionados con el funcionamiento del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado al oeste de Miami, en el corazón de los Everglades. La decisión se da en el marco de una demanda presentada por organizaciones ambientalistas que acusan a las autoridades estatales de ocultar información clave sobre la construcción y operación de dicha instalación.
El fallo fue emitido por el Segundo Circuito Judicial del Condado de León, que concedió un plazo de 21 días a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) para cumplir con las solicitudes de registros públicos presentadas por los grupos Friends of the Everglades y Earthjustice. Los documentos requeridos están vinculados al acuerdo entre el estado y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para operar el centro de detención.
Las organizaciones demandantes sostienen que Florida violó la Ley de Transparencia Gubernamental del estado al retener información relacionada con el uso de recursos federales en el proyecto. Según los ambientalistas, esta supuesta opacidad fue utilizada para argumentar que el estado no estaba obligado a cumplir con la legislación ambiental federal antes de iniciar la construcción del centro.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, afirmó en un comunicado que el centro “estuvo rodeado de secretismo desde el principio”, y acusó al gobierno estatal de intentar evadir sus responsabilidades legales para proteger los Everglades, uno de los ecosistemas más frágiles y biodiversos de Estados Unidos, hogar de numerosas especies protegidas.
Samples advirtió que, ante la negativa del estado a cumplir voluntariamente con las leyes de acceso a la información pública, las organizaciones no tuvieron otra opción que recurrir a los tribunales para exigir responsabilidades. “La transparencia es esencial cuando se trata de decisiones que afectan tanto a los derechos humanos como al medio ambiente”, señaló.
Símbolo de política antiinmigrante
El fallo judicial ocurre mientras sigue en curso un proceso legal paralelo que busca el cierre definitivo del centro. “Alligator Alcatraz” abrió en julio de 2025 y se convirtió en un símbolo de la política antiinmigrante impulsada por la Administración Trump. Desde su apertura, ha sido objeto de denuncias por presuntos abusos contra migrantes detenidos y por daños ambientales en la zona.
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El pasado 4 de septiembre, el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones bloqueó temporalmente una orden previa que exigía el desmantelamiento del centro antes de octubre de 2025. El tribunal analiza actualmente el fondo del caso y programó una nueva audiencia para abril próximo.
La demanda ambiental argumenta que el estado no debió construir el centro sin realizar un estudio de impacto ambiental, dado que la zona alberga decenas de especies endémicas en peligro. Además, los grupos denuncian que no existe información pública clara sobre el número de personas detenidas en el lugar.
Tania Galloni, abogada principal de Earthjustice en Florida, sostuvo que la retención de documentos públicos demuestra una colaboración indebida entre el estado y el gobierno federal para levantar un centro de detención masiva “con total desprecio por la ley federal”.
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