La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, expresó su profunda preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite mantener suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, medida que podría afectar a unas 300.000 personas en el país.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Fraga recordó que Doral alberga “una de las comunidades venezolanas más grandes de los Estados Unidos” y advirtió que la decisión judicial tendrá “un impacto directo y doloroso” en miles de familias del sur de la Florida. “Son hombres y mujeres que huyeron de un régimen opresivo, trabajan arduamente y contribuyen a nuestra economía. Deportarlos no refleja los valores que compartimos como estadounidenses”, señaló.
La alcaldesa hizo un llamado a los líderes federales, tanto del Congreso como de la Administración, a buscar una solución “responsable, humana y de largo plazo” que permita a los venezolanos continuar en el país de manera legal. “Debe existir un camino claro para quienes han cumplido con nuestras leyes y no tienen antecedentes criminales”, afirmó.
El fallo del máximo tribunal mantiene vigente el TPS solo para quienes completaron su re-registro o extensión antes del 5 de febrero de 2025, incluidos los beneficiarios del grupo de 2021. Según Adelys Ferro, presidenta del Venezuelan American Caucus, los solicitantes posteriores a esa fecha, incluidos los que habían recuperado el estatus en 2023, pierden la protección y podrían enfrentar procesos de deportación.
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“Esto no es política, es sobre personas”, insistió Fraga, reafirmando el compromiso de la ciudad de Doral con la comunidad venezolana. La alcaldesa aseguró que continuará abogando por su seguridad, dignidad y oportunidad de seguir persiguiendo el sueño americano.
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