Unas doscientas personas se concentraron frente al Capitolio de Florida, en la capital Tallahassee, para pedir a los parlamentarios que detengan la que ya califican como “la peor sesión legislativa en una década”.
En el marco del Día Internacional del Trabajo, una coalición de organizaciones de derechos civiles y a favor de las minorías solicitó a ambas cámaras del legislativo floridano con mayoría republicana, que “voten por sus comunidades” y se opongan a “múltiples leyes contra los derechos civiles”.
Según señalaron en un comunicado en el actual periodo de sesiones que está por concluir “los republicanos han atacado a los floridanos” con leyes que “separan a las familias de inmigrantes, arman a maestros de escuela, socavan las iniciativas ciudadanas”, recortan impuestos a las corporaciones y “obstaculizan gravemente el futuro de las viviendas asequibles”.
La concentración se dio el mismo día en que el Congreso de Florida aprobó un polémico proyecto de ley que permite a los profesores que lo deseen ir armados a los colegios, una medida promovida a raíz de la muerte de 14 estudiantes y tres maestros en un tiroteo en una secundaria de Parkland (sureste de Florida) en 2018.
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El Partido Demócrata y varias organizaciones civiles, sindicatos de maestros y padres de alumnos mostraron su oposición a esta polémica medida que estiman, transforma en agentes del orden al personal docente.
“Estamos protestando por varios problemas, como los derechos de los inmigrantes, la aprobación del proyecto de ley con maestros armados, viviendas asequibles y otros problemas”, dijo la manifestante Denise Díaz, una mujer de 38 años y madre de dos niños de Orlando.
“Los legisladores de Florida han usado esta sesión legislativa para aprobar leyes extremas que perpetúan más violencia en nuestras escuelas al armar maestros y al mismo tiempo quitan financiación a la educación pública”, señaló en un comunicado Denise Díaz, directora ejecutiva de Central Florida Jobs with Justice.
Otra de las normas criticadas es la que aprobó la semana pasada el Senado estatal contra las llamadas ciudades “santuario”, que protegen a indocumentados, y obligará a las policías locales a cooperar con las autoridades migratorias para su deportación, en un estado con más de un 20 % de inmigrantes.
Se espera que tanto la ley para permitir que los profesores puedan ir armados, así como la de las ciudades “santuario”, sean rubricadas por el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis.
La activista Mónica Russo lamentó que entre el “tsunami de malas leyes” que el Congreso estatal está aprobando figuren “miopes reducciones en los estándares de salud” y “propuestas escandalosas para poner armas en las aulas”.
Mientras, Andrea Mercado, directora ejecutiva de New Florida Majority, advirtió que los floridanos “saben quiénes están defendiendo sus derechos e intereses y quiénes no”.
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