Desde la transgresión a una norma de tránsito hasta un hurto famélico han sido argumentos suficientes para que la administración Trump aplique a través del aparato de justicia su política migratoria que ha separado al menos 900 niños en lapso que va desde junio de 2018 a la fecha.
Sobre esta situación que al parecer evade medidas adoptadas por la Justicia estadounidenses que desinfló la “política Tolerancia Cero”, entabló una demanda la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), organización que desea que la corte aclare definitivamente la posición de la Justicia frente a estos casos.
En la Corte del Distrito Sur de California fue presentado el recurso de ACLU, que argumentó cara a los magistrados que “el Gobierno está separando sistemáticamente un gran número de familias basado en antecedentes penales menores (de los padres), en acusaciones altamente dudosas de incapacidad y errores en la identificación de relaciones de buena fe entre padres e hijos”.
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El legajo armado por el equipo de abogados de la Unión para las Libertades Civiles en América, recordó que el 28 de junio de 2018 un juez federal de ese estado ordenó poner fin a la política de “Tolerancia Cero”, que permitía la separación de los niños detenidos junto a sus padres indocumentados tras cruzar la frontera con México.
Desde entonces y hasta el 29 de junio pasado, asegura la demanda, las autoridades del Gobierno “han separado ahora más de 900 niños, incluidos bebés”.
Es intención de la coalición de abogados conocer la opinión de la Corte en torno a si el Ejecutivo esta desoyendo un mandato judicial y mucho más de interés el saber como impartirá justicia para enmendar los que los letrados creen es un desacato de la administración Trump.
Según la moción, esta práctica se dio basada “en el historial criminal” y sobre la decisión “unilateral” y “no corroborada” de que el padre “no es apto o es un peligro” o por “errores sobre la identidad del adulto como padre del niño”.
Basados en las más altas prácticas profesionales los abogados de ACLU piden en ese contexto que la Corte que brinde “una orientación sobre los criterios permitidos para la separación de las familias en función del historial criminal o de la idoneidad de los padres”.
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En el recurso también se puede leer que ACLU solicita se “reafirme sobre la premisa básica del mandato preliminar de esa corte” que “los niños no deben ser separados de sus padres en ausencia de una decisión de que no están genuinamente capacitados o presenten un peligro real sobre la base de hechos objetivos”.
De igual forma, ante “el daño continuo y potencialmente permanente para esos niños” ACLU solicitó que la corte deje claro que no puede haber separaciones “sobre la base del historial criminal”, independientemente de su gravedad y que requiera “tomar pasos más cuidadosos para determinar la paternidad”.
En líneas concretas la ACLU con sus acciones legales y petitorios a la alta corte, pretende que se establezcan principios rectores para resolver las reclamaciones actuales, muy lejos de la opinión de sus detractores quienes creen que piden definiciones sobre “la propiedad” de las separaciones.
“Este tema ha llegado a una coyuntura crítica. Cientos de niños, algunos literalmente solo bebés, están siendo irreparablemente dañados porque sus padres pueden haber cometido un delito menor en el pasado, incluso un delito de tránsito”, reza el texto del recurso.
La situación de los menores inmigrantes ha sido uno de los puntos más cuestionados de la Administración Trump que, tras la separación de menores, ha quedado en el ojo del huracán por las condiciones de detención de miles de pequeños inmigrantes, en su mayoría no acompañados.
Tras el anuncio de la implementación de la política de “tolerancia cero”, una medida impulsada en mayo de 2018 por el ex fiscal general Jeff Sessions, más de 2.800 niños fueron separados de sus padres en el verano pasado, hasta que el juez federal Dana Sabraw ordenó la reunificación de los pequeños.
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