Un juez federal de Brasilia absolvió a los expresidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff del cargo de asociación para delinquir, en uno de los varios procesos por corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.
La sentencia absolutoria fue dictada el miércoles 4 de diciembre por el juez duodécimo federal de Brasilia, Marcus Vinicius Reis Bastos, y también beneficia a los exministros de Hacienda en los gobiernos del PT Antonio Palocci y Guido Mantega, así como al extesorero de la formación progresista Joao Vaccari.
Los acusados fueron declarados inocentes dos meses después de que la propia Fiscalía solicitara su absolución sumaria tras reconocer que no existían “elementos configuradores de la existencia de una organización criminal”. La denuncia fue presentada por el entonces fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, poco antes del fin de su mandato en 2017, pero sus sucesores en el cargo, Raquel Dodge y Augusto Aras, no la respaldaron.
De acuerdo con la acusación hecha por Janot, entre 2002 y 2016, Da Silva y Rousseff participaron en una red para recaudar sobornos por un valor de 1.480 millones de reales (unos 352,4 millones de dólares) para las campañas electorales del PT. Los cinco juzgados fueron acusados de integrar una organización criminal que desviaba recursos de la petrolera Petrobras, y de otras empresas estatales, durante los gobiernos de Lula (2003-2010) y de Rousseff (2011-2016).
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Además de concluir que no existían pruebas de las acusaciones, el juez del caso afirmó que el proceso tan sólo buscaba “criminalizar la actividad política”. “La denuncia no cuenta con los elementos demostrativos del delito de asociación para delinquir ni permite concluir, ni siquiera en tesis, que existía una asociación de cuatro o más personas estructuralmente ordenada, con división de tareas, alguna forma de jerarquía o estabilidad”, según la sentencia.
La absolución afecta a uno de los nueve procesos abiertos en la Justicia contra Lula, quien el pasado 8 de noviembre abandonó la prisión en la que estuvo recluido desde abril de 2018 después de que la Corte Suprema le autorizara a esperar en libertad hasta que agote todos los recursos a que tiene derecho contra sus condenas.
Lula cumplía una pena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero que ya fue ratificada en tres instancias, por lo que tan sólo le quedan pendientes los recursos que presentó ante la Corte Suprema.
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