La decisión de la Corte Suprema alterará de forma drástica y rápida el acceso al aborto en Estados Unidos. El 24 de junio, la Corte falló por 6 a 3 a favor de una ley de Mississippi que prohibiría el aborto después de las 15 semanas de embarazo, pero también anuló el precedente de casi medio siglo establecido en el caso Roe v. Wade, que garantizaba el derecho constitucional al aborto.
Con esta decisión, los estados tienen la capacidad de establecer sus propias restricciones, por lo que el lugar en el que viven las personas determinará su nivel de acceso al aborto.
La opinión mayoritaria, escrita por el juez Samuel Alito, declara que “la Constitución no confiere un derecho al aborto; Roe y Casey [Planned Parenthood v Casey, 1992] quedan anulados; y la autoridad para regular el aborto se devuelve al pueblo y a sus representantes electos”.
Con protestas y celebraciones, funcionarios estatales de los estados conservadores dijeron que se moverían rápidamente para restringir el aborto, mientras que, en otros estados, algunos funcionarios se comprometieron a mantener el derecho al acceso.
Los siguientes son cinco puntos clave sobre el tema.
¿Dónde sigue siendo legal el aborto?
El fallo de la Corte Suprema significa que el acceso al aborto será, en breve, muy desigual.
Dieciséis estados más el Distrito de Columbia tienen leyes que protegen el derecho al aborto. En otros dos estados, las cortes han dictaminado que la constitución estatal establece ese derecho. Esos estados se concentran en las costas este y oeste.
En el otro extremo del espectro, 13 estados tienen leyes de “activación” que prohibirían rápidamente casi todos los abortos, y al menos media docena se movilizaron el mismo viernes 24 de junio, para implementarlas, incluyendo Arkansas, Kentucky, Missouri y Dakota del Sur.
Cuatro más tienen prohibiciones anteriores a Roe que volverían a entrar en vigencia. Otros tres estados cuentan con leyes que prohibirán el aborto después de las seis semanas de embarazo.
Es probable que el acceso al aborto también evolucione en otros estados. Kansas y Montana, que se encuentran entre los estados donde las cortes han dictaminado que la constitución estatal garantiza el derecho al aborto, podrían ver retroceder esas protecciones a través de una medida electoral en Kansas y una impugnación legal por parte del fiscal general de Montana.
En al menos ocho estados, el derecho al aborto no está explícitamente protegido o prohibido por la legislación estatal.
En Michigan, una ley estatal de 1931 prohíbe casi todos los abortos, pero su aplicación fue suspendida temporalmente por una decisión judicial en mayo. La fiscal general de Michigan, la demócrata Dana Nessel, ha dicho que no aplicará la ley, pero siguen existiendo dudas sobre si también lo harán los fiscales locales.
Al igual que ocurría antes de la decisión Roe de la Corte Suprema en 1973, quienes necesiten abortar también estarán sujetas a una serie de restricciones, incluso en los estados en los que el procedimiento sigue siendo legal. Entre ellas se encuentran los límites gestacionales que delimitan el momento máximo del embarazo para acceder a un aborto, los requisitos de que las pacientes reciban asesoramiento previo, los períodos de espera y las normas de notificación a los padres en el caso de las menores.
¿Qué puede hacer el gobierno de Biden?
El presidente Joe Biden ha dicho que su administración considera acciones ejecutivas para contrarrestar el impacto de la sentencia. En declaraciones tras la decisión, Biden dijo que era un “día triste” y que, sin Roe, “la salud y la vida de las mujeres de esta nación están ahora en peligro”.
Pero la realidad es que, sin una nueva ley del Congreso, sus opciones son limitadas.
Los partidarios del derecho al aborto y los legisladores demócratas en el Congreso han presionado a la administración para que facilite a las mujeres el aborto con medicamentos, que está disponible hasta las 10 semanas de embarazo y supone la toma de dos píldoras, evaluando si los servicios podrían prestarse en propiedad federal incluso en los estados que prohíben el procedimiento, y reforzando la privacidad digital para proteger a las pacientes.
Según el Instituto Guttmacher, una organización que apoya el derecho al aborto, las píldoras representaron más de la mitad de todos los abortos en 2020, el primer año en el que el uso de la medicación superó a los procedimientos.
Puedes leer: Corte Suprema anuló Roe vs Wade, que garantizaba el derecho al aborto desde 1973
Con el gobierno de Biden, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya ha levantado una importante restricción. Ahora, las pacientes pueden recibir por correo mifepristona, el primer fármaco de los utilizados para interrumpir el embarazo.
Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis e historiadora de la legislación sobre el aborto, señaló que, aunque los estados conservadores intenten restringir el acceso al aborto con medicamentos, la administración Biden podría argumentar que las normas y directrices de la FDA sobre la mifepristona prevalecen sobre cualquier ley estatal que criminalice ese método.
El fiscal general Merrick Garland adoptó esta postura en un comunicado que publicó poco después de que se anunciara la decisión: “La FDA ha aprobado el uso del medicamento mifepristona. Los estados no pueden prohibir la mifepristona por desacuerdo con el juicio de los expertos de la FDA sobre su seguridad y eficacia”. Biden reforzó ese mensaje en sus comentarios.
Antes de que se anunciara la decisión de los jueces, Zeigler comentó que mantener esa postura es “todo lo que pueden hacer”. Aun así, el planteamiento de la FDA tiene un futuro incierto, tanto desde el punto de vista legal, como porque una administración republicana podría revertir fácilmente cualquier medida que adopten los funcionarios de Biden. “Si funcionara, no sería permanente, y podría no funcionar”, añadió Zeigler.
El gobierno de Biden también podría ampliar el número de farmacias que puedan vender el medicamento.
¿Se podrán comprar estos medicamentos en los estados donde el aborto es ilegal?
Por ahora, a raíz de la decisión de Dobbs, es probable que los estados que prohíben el aborto establezcan también limitaciones o prohibiciones para las píldoras abortivas. Pero algunos activistas señalan que en esos estados se podría seguir obteniendo píldoras abortivas y realizar un aborto “autogestionado” en casa, lo que conlleva cierto riesgo adicional si la mujer tiene una complicación (aunque las complicaciones son muy raras). Y las píldoras abortivas seguirán siendo accesibles en los estados en los que el aborto está permitido.
Antes de la anulación de Roe, muchos estados ya habían promulgado restricciones para la obtención de píldoras abortivas, como la prohibición de enviarlas por correo y de recetar la medicación a través de una cita de telemedicina. Pero la gente encontró soluciones, una práctica que probablemente continuará. Estas soluciones —como viajar a estados vecinos para conseguir la medicación o hacer que se envíe a la casa de un amigo o a un apartado de correos en otro lugar— podrían conllevar el riesgo de enfrentar cargos criminales, siempre dependiendo de lo especificado en las leyes estatales.
También existe la preocupación, entre los activistas del derecho al aborto, de que los estados que lo prohíben puedan ir más allá y penalizar el viaje a otro estado para tener el procedimiento, aunque ésta es una frontera legal no probada y probablemente se vería atascada en los tribunales.
En sus declaraciones, Biden adoptó una postura dura sobre esta cuestión, diciendo que nada en la decisión de la corte impide que una mujer que vive en un estado que prohíbe el aborto viaje a un estado que lo permite.
Las mujeres “deben seguir siendo libres de viajar con seguridad a otro estado para buscar la atención que necesitan”, dijo, y añadió que su administración “defenderá ese derecho fundamental”. También señaló que los médicos de los estados que siguen permitiendo el aborto pueden proporcionarlos a mujeres de otras jurisdicciones.
¿Cómo se verán afectados los médicos en el ejercicio de su profesión?
En muchos estados que prohíben el aborto, los obstetras, los ginecólogos, los médicos de urgencias y cualquier médico que atienda a embarazadas estarán probablemente en la mira de la ley y podrían enfrentar cargos penales si prestan servicios de aborto.
Esto impactará duramente al cuidado de la salud reproductiva, declaró a KHN recientemente la doctora Nikki Zite, ginecóloga-obstetra en Knoxville, Tennessee. La ley de activación de Tennessee dice que los abortos se permitirían solo para prevenir una muerte o “para prevenir un riesgo grave de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante de la embarazada”.
“Pero no está claro exactamente cuánto riesgo tiene que haber”, indicó Zite. “Diferentes médicos que ejercen en diferentes instituciones tendrán diferentes interpretaciones de esa ley”.
También hay áreas grises que la ley no aborda. En algunos embarazos muy tempranos, el óvulo fecundado se aloja fuera del útero —en la mayoría de los casos, en una trompa de Falopio—, una situación potencialmente mortal denominada embarazo ectópico. Si ese tipo de embarazo sigue adelante, la mujer puede morir desangrada.
Las pacientes que sufren un aborto espontáneo también necesitan a veces tomar medicación abortiva o someterse a una operación de dilatación y legrado (conocido como DyC) para eliminar el tejido que queda dentro del útero.
“El reto es que el tratamiento de un aborto y el de un aborto espontáneo son exactamente iguales”, explicó recientemente a KHN la doctora Sarah Prager, quien es profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de Washington, en Seattle, y experta en abortos espontáneos tempranos.
Los médicos podrían dudar en realizar una DyC para tratar los abortos espontáneos por miedo a que alguien les acuse de realizar un aborto encubierto.
“Los médicos no deberían temer ser criminalizados por atender a sus pacientes”, apuntó Zite. “Creo que va a haber un sinfín de consecuencias no deseadas. Creo que muchas morirán. También creo que habrá mujeres que vivirán situaciones horribles, como las que desean quedar embarazadas, pero al sufrir complicaciones no podrán tomar decisiones sobre cómo terminar ese embarazo, y eso será un tipo diferente de sufrimiento”.
¿Podría este fallo afectar a algo más que al aborto?
Sí, eso es lo que piensan los expertos en salud reproductiva. Dependiendo de lo que se determine como “aborto”, los estados podrían acabar penalizando —a propósito, o por accidente— la fecundación in vitro y ciertas formas de control de la natalidad, limitando la formación y disponibilidad de los médicos y otros proveedores de atención sanitaria.
El punto crítico es qué se considera un aborto. Desde el punto de vista médico, el aborto es la interrupción anticipada de un embarazo, de manera natural —aborto espontáneo— o por intervención humana con medicamentos o un procedimiento quirúrgico. Pero… ¿cuándo comienza un embarazo?
Los médicos dicen que el embarazo comienza cuando el óvulo fecundado se implanta en el útero de la mujer. Pero muchos activistas antiaborto dicen que comienza cuando un espermatozoide y un óvulo se unen para formar un cigoto, lo que puede ocurrir varios días antes. Ese plazo anterior significaría que cualquier cosa que interfiera en la implantación de ese óvulo fecundado, como un DIU (dispositivo intrauterino), una forma común de control de la natalidad podría definirse como un aborto.
Del mismo modo, la fecundación in vitro, que consiste en extraer los óvulos de una mujer, fecundarlos y luego implantarlos de nuevo en la mujer, también podría interpretarse como un aborto, a menos que se implanten todos los óvulos fecundados.
La Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Pro-Vida aplaudió el fallo de la Corte Suprema, calificándolo de “trascendental”. Pero existe la preocupación de que esta sentencia pueda tener un impacto negativo en el acceso de las mujeres a la atención médica en lugares que tienen o promulgan leyes estrictas sobre el aborto. En concreto, es posible que los médicos y otros profesionales de salud no quieran formarse o ejercer en zonas en las que podrían ser perseguidos por prestar atención médica.
Y esto no es solo una posibilidad. En Texas, donde el aborto después de las seis semanas de gestación está prohibido desde septiembre, según un informe de The New England Journal of Medicine, la ley “ha hecho mella en la salud mental de los médicos; algunos dicen sentirse “peores médicos”, y algunos están abandonando el estado”. Como resultado, al sector médico le preocupa que las embarazadas en Texas se queden sin opciones de atención y sin médicos capaces de proporcionarla”.
Por: Victoria Knight, Rachana Pradhan y Julie Rovner/KHN
KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre salud. Es uno de los tres principales programas de KFF, una organización sin fines de lucro que analiza la problemática de salud y salud pública de la nación.
Noticias Newswire
