La administración Donald Trump no pudo convencer a un Tribunal de Apelaciones de California en torno a la pertinencia y la legalidad que reviste el negar los visados a aquellos inmigrantes que no posean seguro médico con cobertura en los Estados Unidos o que no puedan costearlo.
El pasado 4 de octubre, Trump emitió una proclamación presidencial que ordenaba a los consulados estadounidenses denegar visados de entrada al país a aquellos inmigrantes que no pudieran demostrar que tienen “los recursos financieros para pagar los costos médicos” dentro de los 30 días posteriores a su entrada en EE.UU. o que “estarán cubiertos por un seguro médico aprobado”.
Este anuncio de inmediato se granjeó las antipatías de los grupos pro defensa de los derechos civiles de los inmigrantes que hicieron los movimientos legales necesarios para obtener con éxito que un juez bloqueara la tentativa de la administración Trump.
Puedes leer: Tribunal desbloqueó para Trump $3 mil 600 millones que usará en el muro fronterizo
Hace menos de 48 horas un panel de tres magistrados del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco, California, escuchó los argumentos del Gobierno pidiendo al tribunal revertir la decisión de un juez federal que impidió que la norma entrara en vigor.
La sesión dejó en evidencia que la administración Trump no tiene claro, ni pensó en la operatividad de reglamentar su proclamación, y de acuerdo a la reseña de medios presentes en la corte los abogados de la Casa Blanca no denotaron destrezas en la defensa de los puntos que el Presidente desea imponer con la petición del seguro médico como requisito de ingreso al país.
En torno a la medida, que debió entrar en vigor el pasado noviembre de 2019, hubo una audiencia que encabezó el juez principal del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, Sidney Thomas, quien cuestionó a los abogados del Gobierno sobre cómo están evaluando las agencias de inmigración los costos médicos razonablemente previsibles, y la salud de los migrantes en la aplicación de la medida.
Preguntó el juez Thomas a los letrados presentes en la sala en representación de la administración Trump: “Por ejemplo, supongamos que Arnold Schwarzenegger llega a la entrada principal y se presenta. No tiene un costo médico previsible. ¿Existe la posibilidad de que él o alguien como él ingrese sin seguro?”.
La escena que siguió a continuación fue que el abogado del Gobierno no pudo contestar las preguntas del magistrado, un juez que se mostró insistente y crítico ante la falta de regulaciones de la norma.
Con respecto a estos muros invisibles, pero contradictoriamente tangibles que desea colocar la administración Trump para la regularización del estatus de los inmigrantes en los Estados Unidos o para desmotivar a los que tienen meses fuera de la nación en espera de una audiencia por asilo, las organizaciones Justice Action Center, The American Immigration Lawyers Association e Innovation Law Lab, fueron las que interpusieron una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Portland, Oregón, donde un juez ordenó bloquear la medida.
Uno de los abogados de Justice Action Center presente en el Tribunal de Apelaciones de California, tiene la impresión de que al menos dos de los tres jueces “simpatizan mucho” con los argumentos de los defensores de los inmigrantes.
“Creo que ellos entendieron el daño que esta proclamación traería a los migrantes, y que amenaza con afectar a miles de personas que intentan obtener tarjetas de residencia para venir a reunirse con su familia”.
De acuerdo a una evaluación integral realizada por las organizaciones defensoras de los derechos civiles de los inmigrantes, los principales afectados por la orden de Trump serían las personas procedentes de Latinoamérica, África y Asia, que acuden a consulados de EE.UU. en el extranjero para pedir un visado de entrada.
Puedes leer: Donald Trump librará una verdadera guerra por el caso iraní en la Cámara Baja
Asimismo el análisis indica que de prosperar la decisión de Trump en cuanto a la obligatoriedad de poseer un seguro médico, la resolución fracturaría el piso de los que están en medio del proceso para conseguir la “green card” y a los que no se les permite permanecer en territorio estadounidense mientras el procedimiento se resuelve, con lo que tienen que ser entrevistados en un consulado en el extranjero.
Justice Action Center, The American Immigration Lawyers Association e Innovation Law Lab, también coinciden que en la práctica es muy difícil lograr un seguro médico en el plazo de 30 días, ya que muchos empleadores imponen tiempos de espera hasta que se considera que un nuevo trabajador es apto para acceder a un seguro médico pagado por la empresa.
De acuerdo a Justice Action Center la medida de Trump daría un gran vuelco al sistema de inmigración del país, ya que afectaría al 65 % de todos los inmigrantes legales que vienen a los Estados Unidos.
El mismo panel también escuchó los argumentos en una petición del Gobierno para echar abajo la orden de una jueza federal del Tribunal de Distrito de San Diego, que obligó a la Administración a permitir migrantes a los que se les impidió acceder al proceso de asilo antes de la puesta en marcha del programa Protocolo de Protección Migrante (MPP).
Melissa Crow, abogada supervisora principal del Proyecto de Justicia Inmigrante de Southern Poverty Law Center (SPLC), que forma parte de los demandantes, dijo a que la audiencia de hoy fue vital en el esfuerzo por proteger a los miles de solicitantes de asilo que siguieron las “reglas” y esperaron su turno solo para que se les diga que no tuvieron suerte una vez que se anunció la prohibición de asilo.
“Estas personas vulnerables, muchas de las cuales esperaron meses para solicitar asilo, simplemente desean tener la oportunidad de que se escuchen los méritos de sus casos de asilo”, resaltó.
En los dos casos no existe una fecha determinada para que los jueces den su decisión final.
Noticias Newswire
