El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prórroga por un año más de la declaración de “emergencia nacional” dictada a Venezuela en 2015, por considerar que la situación en ese país suramericano representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.
La Casa Blanca, mediante una nota de prensa oficial, anunció que la prórroga del decreto 13692 fechado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, demócrata como Biden, y prorrogado sistemáticamente cada año desde entonces, se publicará en el Registro Oficial y será transmitida al Congreso de la nación norteamericana.
“Las circunstancias (en el país suramericano), tal como se describen en la Orden Ejecutiva 13692 y las Órdenes Ejecutivas posteriores emitidas con respecto a Venezuela, continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, indica el texto.
Biden informó su decisión el mismo día en el que las autoridades electorales venezolanas anunciaron que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio del presente año, una noticia que era esperada desde hace meses y que no estuvo acompañada del reclamado fin de las inhabilitaciones de políticos opositores venezolanos como María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición en octubre pasado.
El Gobierno de Biden ha advertido al régimen de Venezuela que no renovará el levantamiento parcial por seis meses que aplicó a algunas de las sanciones impuestas al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios y empresas públicas si no se cumple con el pacto que selló en 2023 con la oposición para unas elecciones libres y transparentes.
El levantamiento parcial de las sanciones a Venezuela, que ha posibilitado la reanudación de los negocios de compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano, vence en abril próximo.
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En la nota en la que se anuncia la prórroga de la emergencia con respecto a la situación en Venezuela se indica que el decreto de 2015 obedeció a “la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales”.
También a los “arrestos y detenciones arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental”.