Hoy en los juzgados de Eugene, Oregon, será presentada una ingente demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por su decisión de excluir de la financiación pública a las clínicas que practiquen abortos o desvíen esos procedimientos a otros especialistas.
El primero en presentar la querella contra el estado estadounidense fue el Fiscal General de California, quien está unido a una coalición junto a 19 estados más de la Unión que han ido a la corte federal a defender lo que califican como un derecho vulnerado.
Xavier Becerra, el demócrata fiscal general del estado de California, presentó la querella en los juzgados de San Francisco este lunes, mientras que la otra demanda, que representa a los gobiernos de 20 estados en su mayoría demócratas, se presentará en los juzgados de Eugene (Oregón) hoy.
“La norma negará a las pacientes acceso a servicios sanitarios esenciales e impedirá a los doctores ofrecerles información completa y exacta sobre tratamientos médicos”, indicó Becerra al dar a conocer la querella.
Kate Brown, la gobernadora de Oregón, lamentó que el Gobierno Federal “quiera robar a los individuos su derecho a la información médica completa y a los servicios médicos”.
Las leyes de EE.UU. ya impiden que los abortos se financien con fondos públicos, pero la nueva norma -que todavía no ha entrado en vigor- establece que los centros de planificación familiar deben tener una “clara separación física y financiera” entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno y los que ofrecen para abortos, financiados de forma independiente.
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La norma afecta directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar de EE.UU. y que, sin ánimo de lucro, ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y practica abortos.
Planned Parenthood se ha convertido en blanco de ataques por parte de grupos contrarios al aborto y que votaron a favor del actual presidente, Donald Trump, en las elecciones de 2016.
Planned Parenthood ha bautizado la norma como “ley mordaza” porque, en la práctica, impedirá al personal de los centros de planificación familiar informar a sus pacientes sobre las distintas opciones que tienen para abortar, una opción que no se subvenciona con fondos públicos.
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