Las universidades públicas del estado de Florida suspenderán temporalmente la contratación de profesores e investigadores extranjeros mediante el programa de visas H-1B, una decisión que marca un giro en la política de empleo académico y reaviva el debate nacional sobre inmigración calificada.
La medida fue aprobada por la Junta de Gobernadores de Florida, organismo que supervisa las 12 instituciones del Sistema Universitario Estatal. Según la normativa publicada en su sitio web, la prohibición temporal permanecerá vigente hasta el 5 de enero de 2027 y aplicará únicamente a nuevas contrataciones, sin afectar a los trabajadores que ya cuentan con este visado.
El anuncio se produce meses después de que el gobernador Ron DeSantis ordenara a las universidades revisar lo que calificó como “abuso de visas” en la educación superior. En octubre pasado, el mandatario sostuvo que las instituciones estaban “importando trabajadores extranjeros con visas H-1B en lugar de contratar a estadounidenses calificados y disponibles”.
El programa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas, principalmente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Cada año se emiten 65.000 visas bajo el cupo general y otras 20.000 adicionales para solicitantes con títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos. La autorización suele concederse por un periodo inicial de tres años, prorrogable hasta un máximo de seis.
De acuerdo con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), más de 600 beneficiarios fueron aprobados para visas H-1B el año pasado en las universidades públicas de Florida.
En el ámbito federal, el programa ha experimentado cambios recientes. El presidente Donald Trump impuso el año pasado una tarifa única de 100.000 dólares a los nuevos solicitantes de visas H-1B como parte de su estrategia para endurecer la política migratoria. Además, se han reforzado los requisitos de fiscalización para empleadores, exigiendo mayor documentación que demuestre que el puesto requiere conocimientos especializados y que el salario ofrecido cumple con los estándares del mercado laboral.
Otras modificaciones recientes incluyen controles más estrictos para evitar la subcontratación indebida, mayor supervisión sobre empresas que dependen en gran medida de trabajadores con H-1B y ajustes en el sistema de registro electrónico previo a la solicitud formal. Estas medidas buscan, según autoridades federales, priorizar la contratación de talento altamente calificado y prevenir prácticas abusivas.
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Hasta el momento, ni la oficina del gobernador ni la Junta de Gobernadores ofrecieron comentarios adicionales. La suspensión en Florida podría tener repercusiones en la competitividad académica del estado, especialmente en áreas de investigación avanzada donde la contratación internacional ha sido tradicionalmente clave.
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