En el primer siglo del tercer milenio todos suponen que en Estados Unidos, la primera potencia mundial del planeta, mantiene bajo control estadístico todos sus procesos. Sin embargo el segundo cabildo abierto de la ciudad de Filadelfia para revisar el tema de la desbordada violencia armada, reveló que al menos en la primera metrópolis de Pensilvania los números no se anotan con rigurosidad.
Filadelfia está bajo el más cruento ataque devenido por una violencia armada que supera en porcentajes preocupantes a la registrada en 2019, sin embargo más allá de la emotiva angustia que nace del saber que en el primer semestre de este año al menos 100 niños fueron baleados, la Dirección de Estrategias y Programas de Prevención de la Violencia de la ciudad no posee indicadores que permitan a los consejeros tener un debate que dé como colofón un plan para solicitar un presupuesto.
Hoy una hora de la mañana fue utilizada por la ciudad para hablar de la violencia armada que mata personas en Filadelfia, un asunto que hace impacto en las comunidades menos favorecidas, pero que en términos prácticos degrada la valoración por calidad de vida que la ciudad debe proteger.
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Más allá de la oportunidad de un segundo round de discursos emotivos no se pudo avanzar debido a la falta de información, insumo esencial para las tomas de decisiones en los sistemas parlamentarios de ascendencia partidista.
Sobre este estéril escenario tomamos algunas notas de la redacción del periodista Chris Palmer, parte del staff de The Philadelphia Inquierer, quien ofreció a sus lectores un trabajo titulado: “A medida que los disparos aumentan, el Ayuntamiento de Filadelfia pregunta: ¿Dónde está la urgencia?”
Preguntas con respuestas cortas
Los tiroteos en Filadelfia hicieron espacio en la agenda del Consejo General de la ciudad debido a que en la línea de fuego están cayendo niños. Ellos fueron sensibilizados por la muerte del pequeño Zamar Jones, de 7 años, quien cayó en el porche de su casa cuando criminales se enfrentaron a balazos frente a su residencia.
La ciudad orquestó todo un encuentro durante dos días, ciclo que concluyó hoy, para buscar alternativas que detengan el accionar de la violencia armada y se recupere algo de la tranquilidad perdida en la urbe.
Sin embargo los consejeros en la segunda jornada se sintieron huérfanos de datos. Requerían información, demandaron por ella y no fueron satisfechos. Es así que los reflectores cayeron sobre Theron Pride, el director de estrategias y programas de prevención de la violencia de la ciudad, quien reconoció que su oficina necesitaba hacer más investigaciones para responder a una variedad de preguntas.
Sin embargo según la crónica de Palme, tanto él como Vanessa Garrett Harley, subdirectora general de justicia penal y seguridad pública, trataron de asegurar a los funcionarios que estaban comprometidos con la reducción de la violencia.
“Por favor, no confundan el hecho de que no tenemos los números con una falta de urgencia o de atención”, dijo Garrett Harley.
La emotiva sesión produjo una serie de preguntas difíciles y acalorados discursos de los legisladores de la ciudad. Pero como fue el caso el martes, no produjo nuevas promesas de financiación o respuestas específicas para abordar la causa del aumento del 30% en los tiroteos de este año.
Consejeros en la palabra
Con los tiroteos alcanzando niveles nunca vistos en años, el Consejo de la Ciudad de Filadelfia pasó más de una hora el miércoles expresando su frustración por las respuestas vagas o imprecisas a las preguntas sobre cuánto gastaba la ciudad en aspectos de la programación antiviolencia, cuánta gente estaba siendo impactada por esos programas y qué métrica se estaba usando para determinar el éxito.
Durante el segundo día de una audiencia de emergencia virtual para abordar la violencia con armas, los consejeros se preguntaron si demasiadas agencias que pueden desempeñar un papel en la reducción de la violencia – aplicación de la ley, servicios sociales, asesoramiento de salud conductual – estaban operando de forma independiente unos de otros, y sin la sensación de que la ciudad estaba en medio de una crisis.
“No sentimos el nivel general de urgencia cuando se trata de abordar este tema con todos”, dijo el concejal Kenyatta Johnson.
“Si la violencia con armas es una prioridad para esta administración, entonces cada departamento tiene que hablar de ello”, dijo la Concejal María Quiñones-Sánchez.
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La consejera Cindy Bass dijo que estaba “descorazonada” por los mínimos detalles que el personal de la oficina de prevención de la violencia de la ciudad podía proporcionar sobre sus esfuerzos, diciendo: “Suena como si tuviéramos un montón de programas que probablemente son con las mejores intenciones, pero detrás de esos programas, no tengo ningún número.”
Más hallazgos
Otros testimonios se centraron en cómo el departamento de libertad condicional de la ciudad interactúa con las personas bajo supervisión, y cómo los casos de armas ilegales son manejados por el sistema de justicia penal. Kevin Bethel – un ex comisionado de policía adjunto que ahora supervisa la seguridad del distrito escolar – dijo que le preocupaba lo extendida que está la posesión de armas, a pesar de los cientos de detenciones que se producen cada mes por portar armas ilegales, una posible señal de que los pistoleros no temen las posibles consecuencias.
“Eso no es aceptable”, dijo Bethel.
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