Uber pagó $ 100 millones al Departamento de Trabajo de Nueva Jersey (NJDOL, por sus siglas en inglés), después de que una auditoría reveló que la compañía clasificaba erróneamente a sus conductores en el estado como contratistas en lugar de empleados regulares.
La auditoría descubrió que Uber y su subsidiaria, Rasier, le debían al estado 78 millones de dólares en contribuciones pasadas, así como sanciones e intereses por 22 millones de dólares.
El pago cubre a 297.866 conductores y es el más grande jamás recibido en Nueva Jersey, según NJDOL.
Los funcionarios estatales exigieron por primera vez casi 650 millones de dólares en impuestos pasados a Uber en 2019, alegando que la compañía clasificó a los conductores como contratistas para privarlos de beneficios como primas por desempleo, discapacidad y el seguro de licencia familiar.
“No nos inclinaremos ante los últimos modelos comerciales de las corporaciones que se basan en la erosión de las protecciones de larga data. Nuestras políticas protegen y empoderan a los trabajadores mientras fortalecen las empresas y la administración Murphy nos ha dado las herramientas para proteger nuestra fuerza laboral y mantener a todos los empleadores responsables”, dijo Robert Asaro-Angelo, comisionado laboral del estado.
We support flexibility! But this issue is about fairness.
NJ is a national leader in fighting worker misclassification as we’ve demonstrated through our gold-standard ABC Test which has recently been affirmed by the NJ Supreme Court just weeks ago.
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— NJ Labor Department (@NJLaborDept) September 13, 2022
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¿Contratistas independientes o empleados?
Uber ha argumentado que sus conductores son contratistas independientes, aunque la Junta de Revisión Laboral del Estado de Nueva York dictaminó en 2019 que los conductores allí se clasificaron como empleados. Ese mismo año, la Junta Nacional de Relaciones Laborales dictaminó en un memorando que los conductores de Uber son contratistas independientes.
En su auditoría, NJDOL examinó los registros de los empleados de Uber de 2014 a 2018. El departamento evaluó originalmente 523 millones de dólares combinados en contribuciones anteriores, pero ahora dicen que esos números eran “estimaciones aproximadas basadas en datos incompletos”, en gran parte porque las compañías no cooperaron al compartir sus registros completos de nómina durante la auditoría.
Uber y Rasier impugnaron los hallazgos del departamento y el caso fue transferido a la Oficina de Derecho Administrativo de Nueva Jersey. Las compañías ahora han pagado una evaluación revisada de 100 millones de dólares, basada en información adicional por parte de ambas empresas, que era más completa y más precisa que los datos iniciales proporcionados.
Todas las contribuciones, sanciones e intereses recibidos se devuelven a los fondos utilizados para pagar los beneficios de los trabajadores, así como para cubrir los gastos relacionados de administrar y proteger el fondo fiduciario para todos los trabajadores y empleadores de Nueva Jersey.
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