El presidente electo, Donald Trump, ha confirmado que utilizará a las Fuerzas Armadas estadounidense e invocará una figura conocida como emergencia nacional, que otorga al Jefe de Estado poderes extraordinarios, con el objetivo de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados.
Trump confirmó sus propósitos en días pasados a través de su red Truth Social, en la que reaccionó con un “¡ES CIERTO!” a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien ya había asegurado que el nuevo Gobierno estaba planeando “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para llevar a cabo las deportaciones.
“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.
Trump que asume el cargo el próximo 20 de enero respondió al mensaje con un “¡ES CIERTO!”.
Para ejecutar este procedimiento, Trump tendría previsto apelar a la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que concede al Presidente poderes extraordinarios y le permite evadir al Congreso para implementar medidas ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El presidente electo ya utilizó este recurso durante su primer mandato, en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir miles de millones de dólares concedidos al Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México, una medida que enfrentó varias demandas judiciales.
Durante toda su campaña, el republicano también prometió movilizar a reservistas de la Guardia Nacional para apoyar las deportaciones e incluso sugirió reubicar tropas asentadas en el extranjero hacia la frontera sur de Estados Unidos para que aplicaran las leyes migratorias del país.
Estas medidas supondrían un cambio significativo en el papel que han desempeñado hasta ahora las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues la legislación de este país prohíbe rigurosamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según especifica Brennan Center for Justice en su página web.
Se calcula que en Estados Unidos residen 11 millones de indocumentados y que estos planes de deportaciones masivas podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros que son ciudadanos estadounidenses, según indica America’s Voice, una organización que defiende a los migrantes.
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Dichas deportaciones podrían costar miles de millones de dólares al año y provocar escasez de mano de obra en sectores clave de la economía que dependen de los migrantes indocumentados, como la agricultura o el sector de servicios, de acuerdo con la organización American Immigration Council.
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