La combinación de esfuerzos de todas las agencias del Gobierno de los Estados Unidos está capacitada para crear una sofisticada base de datos que ofrezca información a la Administración Trump en torno al número de personas inmigrantes sin nacionalidad estadounidense.
La evolución de las nuevas tecnologías permite rastrear con precisión a los individuos que de manera “espléndida” dejan datos en registros online de portales públicos o susceptibles de ser utilizados por el gobierno, con los que podrán ser cuantificados y ubicados las personas sin ciudadanía estadounidense con detalles tan afinados como el lugar de procedencia.
Esta nueva opción fue vista por el Gobierno de Donald Trump, que hizo esfuerzos por colocar una pregunta en torno a ciudadanía para aplicarla en el censo que se realizará en 2020, sin embargo ante los obstáculos, que incluye la opinión desfavorable del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno encontró una vía alternativa que legalmente le dará acceso a los datos y que se percibe desde la Casa Blanca como “más precisa”.
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Ante esta reformulación de la estrategia para encontrar los datos sobre los inmigrantes sin papeles, la decisión del presidente Donald Trump en torno a deisitir en incorporar la pregunta de ciudadanía en el censo fue “fácil” y sobre la marcha pidió a su Gobierno que examine sus archivos para informarle de cuántos de los presentes en el país son inmigrantes sin nacionalidad estadounidense.
“Vamos a seguir una nueva opción”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas desde la Rosaleda de la Casa Blanca.
Sin demoras el Jefe de Estado firmó una orden ejecutiva en la que instruye a todas las agencias de su Gobierno que proporcionen cualquier información que puedan tener sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos en EE.UU. al Departamento de Comercio, del que depende la Oficina del Censo.
“Usaremos (los datos procedentes de las distintas agencias) para elaborar un recuento completo de la población no ciudadana (…). Creo que será bastante más preciso” que incluir la pregunta en el censo, añadió.
Trump desestimó así en sus esfuerzos de añadir la pregunta al censo, dos semanas después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminara que el Gobierno no había dado una razón adecuada sobre por qué debía incluirse esa cuestión en el formulario.
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Como es su costumbre, Donald Trump frente a la adversidad ofreció pelea y se negó inicialmente a aceptar esa decisión del Supremo y pidió a sus abogados que exploraran opciones para incluirla, pero la Oficina del Censo ya había empezado a imprimir formularios sin esa pregunta y el litigio habría complicado el desarrollo del cuestionario nacional, según reconoció Trump.
“Podemos usar la información (de las agencias gubernamentales) junto con el cuestionario, para crear el censo oficial”, defendió Trump desde la Casa Blanca.
Ese trabajo de sus agencias ayudará a dilucidar “cuántos ciudadanos, no ciudadanos e inmigrantes” indocumentados están en el país, y eso “servirá para tomar decisiones de políticas públicas” en muchos ámbitos, entre ellos “la inmigración”, indicó.
De manera recurrente el presidente endosó la responsabilidad a los demócratas, a quienes acusó de querer “ocultar el número” de indocumentados en el país al oponerse a la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo, y prometió “no escatimar ningún esfuerzo” en su afán de descubrir cuántas personas no tienen la ciudadanía en EE.UU.