El Gobierno de Donald Trump busca salidas para esquivar la orden judicial que bloqueó la construcción de dos tramos del muro fronterizo en los estados Arizona y Texas por lo que hoy anunció que acudió al tribunal de apelaciones.
Los juristas que representan al Estado pretenden dirimir en otra instancia la orden tribunalicia de California con el fin de obtener una medida cautelar que permita a la administración Trump seguir con la construcción de los dos segmentos de la gran muralla en la frontera con México hasta que la Justicia dicte una sentencia en firme sobre el caso.
El recurso fue presentado la noche del lunes como una forma de buscar un giro que posibilitaría continuar la construcción de los dos tramos del muro en los estados de Arizona y Texas, respectivamente, para eludir la decisión del juez Haywood Gilliam de los juzgados de Oakland (California), que el pasado 24 de mayo ordenó bloquear el proyecto.
En la ocasión el magistrado Haywood Gilliam dio la razón a una coalición formada por 20 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, una organización ecologista y otra de defensa de los derechos civiles, que habían demandado al Gobierno federal.
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De acuerdo a un comentario transcrito por el diario Político, el Departamento de Justicia dijo en que “el mandato amenaza con privar (al Departamento de Defensa) de su autorización para emplear sus fondos destinados a finalizar los proyectos en los puertos de entrada de El Paso y Yuma, puesto que la misma seguramente expire durante este proceso de apelación”.
La larga línea histórica en la narrativa del “muro”, coloca como hitos recientes que el Congreso aprobó en febrero una partida de 1.375 millones de dólares para la renovación del muro ya existente, una cifra que quedaba muy lejos de los 5.700 que Trump había pedido, lo que llevó al mandatario a declarar una emergencia nacional en la frontera sur con el objetivo de conseguir esos fondos sin necesidad de que fuesen autorizados por el Legislativo.
Con la emergencia nacional, el Gobierno reasignó al muro unos 6.600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro y que sumados a los 1.375 que el Congreso sí destinó a ese proyecto, debían servir para la construcción de unos 376 kilómetros de muro y permitir al presidente empezar a cumplir su principal promesa de campaña.
La construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas de campaña de Trump en las elecciones de 2016 y una de las medidas que más oposición y atención mediática ha levantado tanto en EE.UU. como en el resto del mundo.
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