Para ingresar a México desde Guatemala, Ana María pagó 250 dólares a un grupo criminal. No tuvo más remedio para evitar ser secuestrada por bandas que convirtieron la crisis migratoria en un negocio millonario.
La hondureña de 26 años fue extorsionada en la fronteriza Tecún Umán, Guatemala, adonde llegó con tres hijas en su viaje a Estados Unidos.
“Nos tomaron fotos y videos”, dice con voz temblorosa la mujer, que dialogó con AFP en la ciudad mexicana de Tapachula (Chiapas) a condición de proteger su verdadero nombre.
Es apenas la muestra de una actividad que se extiende desde la selva colombo-panameña del Darién hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Incluye desde servicios de “coyotes” -llamados “guías”-, alojamiento y transporte, hasta secuestros.
El tráfico de migrantes deja entre 7.000 y 10.000 millones de dólares anuales a los criminales a nivel global, según estimaciones de la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La fuente es inagotable: en 2024 México procesó a 925.000 indocumentados, mientras Estados Unidos registró 2,1 millones de encuentros de migrantes en su frontera en el año fiscal que concluyó en septiembre.
Originarias de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Haití, Centroamérica y lejanos países africanos y asiáticos, esas personas huyen de la pobreza, la violencia y gobiernos autoritarios.
El pago de Ana María incluía traslado en balsa por el río Suchiate, entre Guatemala y México, y por carretera hasta un albergue de Tapachula. “Es la única manera en que podemos ingresar”, dice.
Negocio de narcos
Salvo por el transporte fluvial de mercancías, el principal acceso a México desde Guatemala luce semivacío.
Pero a una hora de allí, Tapachula rebosa de migrantes que buscaban desesperadamente permisos de tránsito para alcanzar la frontera norte antes de que Donald Trump asumiera la presidencia el pasado lunes 20 de enero.
Este contraste obedece a que delincuentes llevan a los migrantes directamente a Tapachula, lejos de la mirada de autoridades.
“Ya no les permiten que lleguen” por cuenta propia. “Les dicen ‘les cobramos por llevarlos'”, denuncia el padre Heyman Vázquez, párroco local. “La delincuencia organizada se ha adueñado” de los migrantes.
Quienes no tienen dinero son secuestrados. “Les piden 700 dólares. Ya cuando el familiar paga, les ponen un sello (en el brazo) y los dejan ir”, dice Vázquez.
Los migrantes llaman genéricamente “cártel” a las organizaciones que se pelean el control de esta frontera.
Son los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cuya pugna provocó el año pasado una matanza de 19 personas, incluidos guatemaltecos, y un inédito desplazamiento de mexicanos hacia Guatemala.
Ambos absorbieron a las redes de delincuencia locales, que en ocasiones les entregan personas para extorsión o trata, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Eslabón colombiano
Este control criminal comienza mucho antes de Tapachula, en el Darién.
Alberto Yamarte, migrante venezolano de 50 años, pagó 1.800 dólares a un grupo para pasar por esta peligrosa jungla con su esposa y tres hijos.
“Es como para cuidarte”, explica el hombre, parte de los más de siete millones de venezolanos que dejaron su país desde 2014 por la crisis que alcanzó un nuevo pico con la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.
Quienes cruzan por su cuenta se exponen a vejaciones. Fue “durísimo, dos horas de secuestro. Nos quitaron todo lo que teníamos”, cuenta Dayana Hernández, venezolana de 36 años.
El Darién es bastión del Clan del Golfo, la mayor organización criminal colombiana.
“Decide qué caminos se pueden utilizar y cuáles no, provee ‘seguridad’ a la población y se enriquece a costa de los migrantes”, comenta Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Algunos asumen cuantiosas deudas para pagar a “coyotes”, como la guatemalteca Ericka Morales, quien fue deportada el pasado 10 de enero desde Texas y debe 15.000 dólares. Ahora “a seguir luchando acá para poder sacar la deuda”, dice resignada.
El GAFI refiere que las detenciones de traficantes son bajas, pese a ser un fenómeno masivo que incluso se promociona en redes sociales.
En TikTok, por ejemplo, un usuario ofrece ingresos a Estados Unidos por un túnel. México anunció recientemente el descubrimiento de uno de esos pasadizos.
Las autoridades también se lucran. “Los policías (guatemaltecos) me bajaron toda la plata”, dice una panameña. Una relatoría de la ONU acredita estos casos en México.
Otros estafan hasta 500 dólares por falsas citas de asilo de la aplicación móvil CBP One, que Trump promete eliminar aduciendo que alienta el tráfico. Casas de cambio también se benefician del dinero que familiares envían a migrantes para que continúen el viaje.
Boom económico
En la parte panameña del Darién la migración, además, transformó pequeños pueblos por los que han pasado más de un millón de personas en los últimos tres años.
En Canaán Membrillo y Bajo Chiquito, los migrantes -con aval de las autoridades- deben pagar 25 dólares para ser trasladados en balsas hasta un albergue.
Las pequeñas tiendas que antes abastecían a unas decenas de moradores, ahora venden a cientos de extranjeros al día alimentos, ropa y hasta chips telefónicos.
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Los migrantes también deben pagar 40 dólares para ser trasladados en autobús hasta la frontera con Costa Rica, una ruta organizada por el gobierno panameño.
Tratados como mercancías, muchos se sienten en un callejón sin salida. “Que ganó Donald Trump, que ganó Maduro otra vez en Venezuela. O para atrás o para adelante, no sabemos qué hacer”, se lamenta la venezolana Dayana Hernández.
Por: AFP
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