Un operativo migratorio realizado el pasado 4 de septiembre en la planta de baterías para autos eléctricos de Hyundai y LG, aún en construcción en Ellabell, Georgia, dejó un saldo de 475 trabajadores detenidos, en lo que autoridades estadounidenses calificaron como la mayor redada de este tipo efectuada en un solo lugar.
Según el gobierno de Estados Unidos, más de 300 de los arrestados son ciudadanos surcoreanos que presuntamente no cumplían con la normativa laboral y migratoria vigente. El presidente Donald Trump advirtió a las empresas extranjeras que deben ajustarse a la legislación estadounidense, en el marco de la campaña nacional contra la migración irregular impulsada por su administración.
La reacción en Corea del Sur no se hizo esperar. El canciller Cho Hyun viajó a Washington para abordar la situación, describiéndola como “grave” y comprometiéndose a garantizar el pronto retorno de los connacionales en condiciones seguras. La aerolínea Korean Air informó que fletaría un avión especial para la repatriación de los trabajadores.
México también resultó involucrado. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que 23 mexicanos se encontraban entre los detenidos en la redada. De ellos, 13 solicitaron apoyo consular, mientras que 10 decidieron no hacerlo.
El caso ha generado atención internacional no solo por el número de trabajadores arrestados, sino también por tratarse de una inversión estratégica en el sector automotriz y energético. Corea del Sur, cuarto mayor poder económico de Asia y socio clave de Estados Unidos, mantiene múltiples plantas manufactureras en territorio estadounidense.
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La construcción de la planta de Hyundai-LG en Georgia representa un proyecto emblemático en la transición hacia energías limpias, ahora marcado por un episodio migratorio sin precedentes.
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