Los “soñadores” o inmigrantes que llegaron cuando eran niños a Estados Unidos e hicieron su vida en el país, solicitaron a una corte de apelaciones que mantenga el programa federal Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que los protege de la deportación. Hace poco más de un año este programa fue declarado ilegal por un juez.
En septiembre del año pasado un juez de distrito federal de Texas dio la razón a un grupo de estados que cuestionaron la legalidad del programa lanzado por el expresidente demócrata Barack Obama hace 12 años.
La sentencia fue recurrida y analizada este jueves 10 de octubre por un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans, que escuchó a los representantes de los estados demandantes, al abogado del gobierno federal y a los defensores de los denominados “soñadores” sin dar un veredicto. Si se mantiene la decisión, el caso podría llegar a la Corte Suprema.
Parte de los argumentos de Texas es que el programa ha perjudicado sus arcas debido a los costos educativos y de atención médica en los que incurre atendiendo a los beneficiarios.
Sin embargo, Jeremy Feigenbaum, abogado del estado de Nueva York que defiende a los “soñadores” (dreamers), alegó que “Texas no ha hecho nada para explicar por qué está siendo perjudicado ahora por un beneficiario actual de DACA, que ha sido parte de DACA desde 2012, que vive en Nueva Jersey o en Nueva York”.
Desde que entró en vigencia este programa federal se han aprobado más de 800.000 solicitudes y existen unos 580.000 beneficiarios, de acuerdo con cifras oficiales.
Poner fin a DACA “significaría que las familias trabajadoras quedarían destrozadas, las empresas se quedarían repentinamente sin empleados y las comunidades se verían sumidas en un caos innecesario. Es antiestadounidense y está mal”, ha dicho en un comunicado la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, de 59 años y partidaria de proteger a los “soñadores”.
El programa DACA permite a los “dreamers” vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, el país que consideran su hogar.
En su dictamen, el juez de Texas había estimado que DACA viola la ley de inmigración pero no ordenó a la Administración de Joe Biden que lo clausurase ni que dejase de procesar las solicitudes de renovación.
Uno de los magistrados de la corte de Nueva Orleans consideró que los “dreamers” confiaron en Estados Unidos, entregando sus nombres y direcciones, lo que podría permitir a un Gobierno “deportarlos” si se desactiva el programa.
El abogado de Texas señaló que lo que ocurriría sería que las personas afectadas dejarían el estado por cuenta propia.
Pero, “¿y qué pasa con otros 22 estados donde se ha documentado lo mucho que (los soñadores) están apoyando al país? ¿Cómo es que un solo juez puede decirles que tienen que irse? ¿cómo puede tener esa autoridad?”, insistió por su parte el juez.
“Es muy probable” que la Corte mantenga el fallo judicial y en ese caso se espera que “el departamento de Justicia apele la decisión a la Corte Suprema”, un proceso que podría llevar meses o años hasta obtener un veredicto, explica el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC).
La última vez que la Corte Suprema examinó el programa bloqueó el intento de DonaldTrump de ponerle fin durante su mandato. Pero desde entonces la composición de la Corte ha cambiado, con una mayoría de jueces conservadores.
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Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden pidió al Congreso, sin éxito, que brinde un camino hacia la ciudadanía a los “soñadores”.
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