El Senado de Estados Unidos votó a favor de endurecer las medidas contra migrantes ilegales acusados de delitos, en un esfuerzo del Congreso liderado por republicanos por empezar a cumplir las promesas del presidente Donald Trump el mismo día que empezó su segundo mandato.
La Ley “Laken Riley”, que exige la detención de inmigrantes indocumentados acusados de delitos relacionados con robo, lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por un migrante venezolano indocumentado que era buscado por robar en tiendas.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara Alta por 64 contra 35 votos dos semanas después de su curso positivo en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, el Senado recién inaugurado -ahora bajo control de los republicanos tras las elecciones de noviembre- agregó un cambio que amplía la detención obligatoria por “delitos que resulten en la muerte o en lesiones corporales graves”.
Con ese añadido, el texto debe volver a la Cámara Baja para una última votación, que no ofrecería mayor obstáculo, y luego aterrizar en el escritorio de Trump, cuya firma lo convertiría en ley.
“Es hora de volver al sentido común. Es hora de volver a la ley y el orden”, dijo la republicana de Alabama Katie Britt en un discurso en el pleno del Senado previo a la votación.
“Somos una nación orgullosa de inmigrantes. También somos una nación de leyes, y la anarquía termina hoy”, expresó.
Trump prometió medidas enérgicas contra los cruces fronterizos ilegales y realizar deportaciones masivas, tanto así que nombró a Tom Homan, veterano funcionario de inmigración de línea dura, como su jefe de fronteras.
Durante la campaña presidencial, el presidente republicano mencionó repetidamente el caso de Laken Riley como una manera de apuntar a los migrantes indocumentados, culpándolos de “envenenar la sangre” del país.
Lee también:Trump jura como presidente y promete una edad de oro para Estados Unidos
José Antonio Ibarra, de 26 años, fue condenado por el asesinato de la joven,encontrada muerta en una zona boscosa de la Universidad de Georgia, en Athens.
Los demócratas que se oponen al proyecto reclaman que implementar la nueva ley costaría 83.000 millones de dólares en los primeros tres años, más que el total el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional.
“Es mucho dinero para gastar en un proyecto de ley que causará caos, castigará a los inmigrantes legales y socavará el debido proceso, al tiempo que desvía recursos de las verdaderas amenazas”, escribió en X Patty Murray, senadora del estado de Washington.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles también advirtió que ese cambio en la legislación derivaría en que personas fueran encarceladas, “posiblemente durante años”, tras “haber sido acusadas de delitos no violentos”.
Por: AFP
Noticias Newswire
