Right to Counsel acaba de nacer y ya su presupuesto fue recortado a la mitad. Se trata de un Proyecto de Prevención de Desahucios creado para Filadelfia (PEPP) y aprobado en 2019. Se suponía que se pondría a prueba este año. Su principal misión es garantizar a los inquilinos de bajos ingresos un abogado en casos de desalojo.
En páginas que el alcalde Jim Kenney presentó al Ayuntamiento aparece menos dinero del que fue acordado para su funcionamiento. La Ciudad acordó crear una partida para ayudar a las familias que tienen sus viviendas en riesgo debido al coronavirus.
Los socios de esta cruzada son muchos. Sin embargo los fondos debe aportarlos la Alcaldía. El dinero pisaría el acelerador de Servicios Legales Comunitarios, Clarifi, la Clínica Legal para Discapacitados, el Centro SeniorLAW, la Red de Representantes de Sindicatos de Inquilinos y Philadelphia VIP. Estas instituciones se colocarían en defensa de los intereses de los arrendadores en crisis económica.
Right to Counsel
A estas alturas de la historia la mutilación presupuestaria no es irreversible. Right to Counsel se está preparando para luchar por su futuro en esta temporada presupuestaria. El plan de gastos del alcalde incluye unos $931 mil para el proyecto. La cifra es menos de la mitad de los $1.8 millones asegurados para 2020. También es menos que los $2.1 millones concedidos el año de su nacimiento.
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Rasheedah Phillips, abogada gerente de la unidad de vivienda de los Servicios Legales Comunitarios reaccionó al respecto. “Estamos agradecidos por el apoyo de la administración al PEPP en el pasado. Sin embargo nos decepciona ver el presupuesto del programa recortado a la mitad. Mucho más en este momento de extrema crisis y necesidad”.
La preocupación de los socios tiene una base logística. Si el presupuesto se aprobara en su forma actual, el programa de representación legal quedaría de nuevo en suspenso. Además se recortarían otras ayudas a los inquilinos. En términos concretos el escenario es mucho peor. La propuesta no incluye ningún fondo específicamente para la iniciativa Right to Counsel de la ciudad.
Helen Gym preocupada
La consejera Helen Gym está a la cabeza del proyecto de prevención de desahucios. Lo lidera desde que fue puesto en marcha en 2018. Incluyen una línea de atención telefónica, representación pro bono para los clientes que reúnen los requisitos de ingresos, navegadores judiciales y talleres sobre los derechos de los inquilinos.
La demócrata Helen Gym habló de la trascendencia de Rasheedah Phillips. Precisó que es responsabilidad de los actores principales de la Ciudad concretar su financianción. Actualmente es una “necesidad mantener a las personas en sus hogares solo se ha vuelto más urgente debido a la pandemia”.
Acerca del problema
Taylor Allen, parte del staff de WYHH Philadelphia escribió acerca del problema que reviste la desinversión en Right to Counsel. Durante todo el año 2020 se trabajó en favor de los derechos de los inquilinos. S echó a andar la “Ley de Protección de la Vivienda de Emergencia”. Junto a la ley se creó el programa de desvío de desahucios y una moratoria de desalojos.
Filadelfia en materia de investigación de los efectos del desalojo ha sido caso de estudio. Los académicos descubrieron que cuanto mayor fuera la tasa de desahucios, mayor sería el número de casos de coronavirus. La investigación fue realizada por la Universidad de Pensilvania, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.
Filadelfia ocupaba el cuarto lugar entre las grandes ciudades de EE.UU. en cuanto a desalojos totales. Promediaba unas 20.000 expulsiones anuales antes de la pandemia. Aunque el programa de desvío de desahucios funciona por separado del PEPP, los abogados y el personal de apoyo financiados por el PEPP trabajan para apoyar el programa. También se encargan de los casos más complejos y que no pueden resolverse mediante el desvío.
Los números a favor
Un análisis interno registró lo sucedido entre el lanzamiento de Right to Counsel en enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2020. En el lapso casi 110 mil personas accedieron a materiales de autoayuda, información legal y vídeos desde phillytenant.org. Los inquilinos que ven a un defensor del PEPP tienen más probabilidades de presentarse en los tribunales, ganar casos y llegar a un acuerdo más asequible que los inquilinos que no lo hacen.
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Sólo el 5% de los inquilinos con representación experimenta un “desplazamiento disruptivo”. Contrasta con el 78% de los inquilinos sin representación.
Todavía hay tiempo para que llegue más dinero al PEPP este año. El ayuntamiento y el alcalde siguen negociando hasta junio. Los defensores esperaban que el debate comenzara con más dinero ofrecido por adelantado.
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