La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de permitir la retirada del programa de “parole” humanitario ha generado una fuerte reacción entre organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos, quienes advierten de sus graves consecuencias.
Este permiso temporal, que beneficiaba a más de 530.000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, será revocado, dejando a miles en situación de vulnerabilidad.
“La sociedad en general pagará por esto con interrupciones laborales y un impacto directo en la economía de estados como Florida”, advirtió Paul Christian Namphy, del Movimiento de Red de Acción Familiar (FANM), durante una rueda de prensa reseñada por varios medios de comunicación.
La directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano, Adelys Ferro, criticó que la ofensiva no está dirigida a quienes violaron la ley, sino “a quienes cumplieron con cada uno de los requisitos del sistema”. A su juicio, el objetivo final es “despojar a estas personas de su estatus legal para convertirlas en blanco de deportación”.
El “parole”, creado bajo el gobierno de Joe Biden, permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. con el patrocinio de un residente. Entre sus beneficiarios había decenas de miles de personas que huían de la violencia en sus países.
“Esta decisión devastará a nuestras comunidades”, afirmó la nicaragüense Yarelis Méndez, del American Friends Service. Mientras, Ana Sofía Peláez, del Miami Freedom Project, lamentó que el fallo del Supremo “eligiera la crueldad sobre la justicia”.
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Aunque el camino legal se estrecha, las organizaciones afirmaron que seguirán luchando para sensibilizar a la sociedad estadounidense sobre el impacto humano de esta medida.
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