Según información provista por agencias internacionales de noticias, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para mantener en pausa la orden judicial que permitiría la reactivación del Estatus de Protección Temporal, conocido popularmente por sus siglas TPS, en favor de cientos de miles de inmigrantes de nacionalidad venezolana.
A pesar de que el dictamen judicial se dio a conocer el 30 de octubre, en la actualidad el beneficio de protección aún no se encuentra restablecido formalmente. De no darse una nueva intervención por parte de la Corte Suprema de Justicia, la disposición judicial entrará en vigor de forma obligatoria a partir del 6 de noviembre de 2026 para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El fallo del tribunal de apelaciones ratificó la medida dictada previamente por un juzgado de distrito que había calificado como ilegal la cancelación del programa.
Los magistrados determinaron que la ex secretaria del DHS, Kristi Noem, excedió sus atribuciones legales al haber anulado la prórroga de esta medida de protección migratoria. Desde la National TPS Alliance precisaron que el veredicto abre el camino para restituir las garantías en cuanto concluya la suspensión temporal.
No obstante, especialistas en el ámbito legal de inmigración advierten que el litigio principal de fondo no ha sido resuelto de manera definitiva.
De cara al panorama del 6 de noviembre, el restablecimiento automático del programa dependerá de que la administración gubernamental no apele o de que el máximo tribunal rechace una solicitud de emergencia impulsada por el Ejecutivo.
Cabe recordar que, en octubre de 2025, la Corte Suprema ya había frenado estas mismas protecciones mediante una resolución de emergencia similar.
De acuerdo con la legislación estadounidense, si el Gobierno no notifica de manera oficial la cancelación del programa con al menos 60 días de anticipación, la protección del TPS debe restituirse de manera automática.
No obstante, entre analistas persisten las dudas sobre la fecha exacta a partir de la cual debe contabilizarse dicho periodo legal. Por su parte, la agencia de migración USCIS mantuvo vigentes hasta el 2 de octubre de 2026 las autorizaciones de empleo correspondientes a los beneficiarios que ya contaban con un documento de autorización de trabajo emitido con esa fecha de vencimiento específica.
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El panorama de incertidumbre jurídica afecta directamente a más de 300.000 ciudadanos venezolanos.
Diversas organizaciones de derechos migratorios denunciaron que durante el tiempo en que el beneficio permaneció suspendido se registraron deportaciones, arrestos y episodios de separación familiar.
De ratificarse la medida en la justicia, las personas afectadas recuperarían la autorización legal para trabajar y la suspensión de procesos de expulsión, aunque el litigio judicial podría prolongarse por años.
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