La prueba de fuerza entre Disney Enterprises, Inc. y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, remontó este 26 de abril con la presentación de una demanda judicial en la que el gigante del entretenimiento asegura que es víctima de una campaña de “castigo” fomentada por el mandatario republicano y otras autoridades estatales.
Walt Disney World introdujo la demanda ante la justicia, contra DeSantis y otros funcionarios floridanos, según informó, debido a la “campaña orquestada” que constituye una “amenaza” para sus “operaciones comerciales y su futuro económico” en un estado donde son propietarios de un complejo de parques temáticos y hoteles con una fuerza laboral de más de 70.000 trabajadores y que genera unos 1.200 millones de dólares en impuestos anualmente.
Además, en sus alegatos, el conglomerado empresarial expone que en Florida se están violando sus “derechos constitucionales”, de acuerdo con el texto de la demanda presenta en los tribunales federales de Tallahassee, capital del estado.
“La demanda es otro ejemplo desafortunado de su esperanza de socavar la voluntad de los votantes de Florida y operar fuera de los límites de la ley”, añade el comunicado de la directora de comunicaciones de la Oficina del Gobernador, Taryn Fenske.
En la fecha en la que se presentó la demanda, el gobernador DeSantis, a quien Disney describe como un político anti-Florida y anti-empresarial, se encontraba fuera de Estados Unidos, en una gira internacional.
Por una crítica a la ley “Don’t say gay”
La génesis de esta pugna se ubica en 2022 cuando Disney criticó una ley promovida por DeSantis conocida como “Don’t Say Gay”, que prohíbe tratar el tema de identidad de género y de orientación sexual en las escuelas, desde el preescolar hasta el tercer grado.
Poco tiempo después, DeSantis comenzó a hablar de la necesidad de que Disney dejará de tener autonomía en el distrito especial que ocupa en Orlando, lugar donde están ubicados parques.
En febrero del presente año la propuesta del gobernador se concretó con una ley aprobada por el Congreso de Florida, de mayoría republicana, firmada después por DeSantis, que terminó con más de 50 años de autogobierno de Disney. Pero la cosa no terminó allí.
En una jugada legal que sorprendió al gobernador, antes de perder su autonomía el conglomerado de entretenimiento firmó unos acuerdos a perpetuidad con los supervisores de Florida que amarraron de pies y manos a los nuevos funcionarios designados por DeSantis para controlar el distrito Reedy Creek de Disney.
La demanda fue presentada este 26 de abril justo cuando los integrantes de la junta supervisora establecida por el gobernador votaban para invalidar la serie de acuerdos que Disney hizo a principios de 2023.
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“No conocemos ningún derecho legal que una empresa tenga para operar su propio gobierno o mantener privilegios especiales que no tengan otras empresas en el estado”, objetó Taryn Fenske, directora de comunicaciones de DeSantis, en el comunicado publicado luego de conocerse la demanda.
En el texto judicial, la empresa Disney asegura que “la acción de hoy es el último golpe: a instancias del Gobernador, la junta de supervisión del estado pretendió ‘anular’ contratos de desarrollo notificados públicamente y debidamente acordados, que habían sentado las bases para miles de millones de dólares de inversión de Disney y miles de puestos de trabajo”.
En sus argumentos, Disney dice que “durante más de medio siglo ha tenido un impacto inconmensurable en Florida y su economía, estableciendo a Florida Central como uno de los principales destinos turísticos del mundo y atrayendo a decenas de millones de visitantes al Estado cada año”.
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