Un proyecto de ley de base republicana que busca en Pensilvania el entierro o la cremación de restos fetales, sigue removiendo desde un ángulo moral una situación que en el segundo estado de la Unión tiene un contexto legal definido, por lo que se vaticina que el texto de ser aprobado por el senado será vetado por el Gobernador Tom Wolf.
De acuerdo a un análisis de expertos, el texto legislativo es un ariete de dos sentidos, porque por un lado busca golpear a las mujeres que llegan por cualquiera de las circunstancias a estar en la conclusión de un aborto y además quiere empujar a los entes prestadores de salud a involucrar pasos adicionales luego del procedimiento médico.
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El proyecto de ley 1890 se encuentra en la instancia del Senado estatal. Fue presentado y aprobado por la Cámara de Representantes en septiembre. El texto legal fue redactado por un grupo de legisladores predominantemente republicanos y en la Cámara estatal alzaron en mayoría las manos la semana pasada.
Algunas mujeres consultadas sobre el particular quienes están en contra de la iniciativa, dijeron que la legislación quiere solapadamente sembrar la culpa en las mujeres o familias que por necesidad, elección o requerimiento clínico tengan la necesidad de un aborto bajo la ley del estado.
De acuerdo a notas de presa irradiadas por medios electrónicos locales, el proyecto de ley, también conocido como la Ley de Disposición Final de los Restos Fetales, busca exigir a los establecimientos de salud que entierren o incineren los restos de un feto después de un aborto o pérdida de embarazo si no son reclamados por los padres para su disposición.
Frank Ryan, el representante estatal que patrocinó la legislación, dijo que “quería crear algo que fuera voluntario, que proporcionara a la familia la capacidad de cerrar, la capacidad de entender que se había perdido una vida humana, su vida, por la que habían estado luchando durante tanto tiempo”.
“En caso de muerte fetal de un feto, si el padre o la madre del feto selecciona un lugar para la disposición final de los restos fetales que no sea el lugar que es habitual y consabido para un centro de atención de la salud, el padre o la madre será responsable de los costos relacionados con la disposición final de los restos fetales”, se indica también en la ordenanza.
La representante estatal demócrata Mary Isaacson dijo a los medios locales que el proyecto de ley presenta un “mandato, no una elección” y lo calificó de “otro intento más de hostigar a los prestadores de servicios de aborto”.
También el representante estatal progresista Dan Frankel declaró que “la gente que trata a los pacientes y los propios pacientes nos están diciendo que este proyecto de ley es cruel, redundante y mal redactado”.
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“Esto perjudicará a las familias en un momento de vulnerabilidad”, agregó.
El término “muerte fetal” se define en el texto del proyecto de ley como “la expulsión o extracción de su madre de un producto de la concepción que no muestra evidencia de vida después de la expulsión o extracción”. Varios informes han señalado que ese lenguaje también podría aplicarse a los óvulos fertilizados.
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