Representantes de organizaciones pro-inmigrantes en Estados Unidos refutaron que el programa que otorga visados humanitarios a inmigrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses cree una carga económica para los estados receptores. Además argumentaron que por el contrario, será una contribución para las arcas públicas.
El director de la organización American Business Immigration Coalition en Florida, el venezolano Samuel Vílchez Santiago, calificó de “solución de sentido común” el denominado “parole” humanitario en favor de los ciudadanos de esos cuatro países que la Administración del presidente Joe Biden puso en marcha a principios de enero.
“Este programa ofrece un camino para que los inmigrantes ingresen a la fuerza laboral, que es importante en medio de un contexto económico como el actual y en momentos en que en Estados Unidos escasea mano de obra en varios sectores”, dijo Vílchez, quien participó en una teleconferencia organizada por el Venezuela American Caucus.
Por su parte, Adelys Ferro, directora ejecutiva Venezuela American Caucus, apuntó a estudios que reflejan que un gran número de estos inmigrantes que logran estatus legal vienen a ocupar puestos de trabajo que están vacantes desde hace mucho tiempo.
“Así que para los estados receptores la ayuda desde el punto de vista económico va mucho más allá de pagar impuestos”, acotó.
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Mientras, Vílchez sostuvo que “nuestras empresas necesitan urgentemente estos nuevos trabajadores. Económicamente, es lo más sensato que se puede hacer”. Dijo además que hasta la fecha unas 18.000 personas se han acogido a este programa y los venezolanos constituyen la mayoría.
El pasado 5 de enero Estados Unidos anunció que aceptaría 30.000 inmigrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, con lo que se expande un programa por el que desde octubre de 2022 se conceden permisos humanitarios a venezolanos.
Para acogerse a este programa, que ha sido objeto de una demanda judicial iniciada por fiscales generales de 20 estados del país, todos republicanos, los solicitantes deberán cumplir ciertos requisitos, entre ellos llegar en avión y contar con un patrocinador en Estados Unidos que pueda darles apoyo y sostén económico.
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En el caso de Venezuela, donde una profunda crisis humanitaria ha ocasionado el éxodo de 7,1 millones de personas, considerada una de las más grandes migraciones de nacionales de un país, el programa Venezuelan American Alliance ha reunificado familias y les ha brindado oportunidades para una mejor calidad de vida.
Por su lado, Ana Sofía Peláez cubanoestadounidense cofundadora de la organización Miami Freedom Project, considera que la demanda de los fiscales republicanos “solo va a contribuir con más caos y confusión a un proceso de por sí complejo”.
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