La jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, ordenó prisión preventiva para Rafael Correa, expresidente de ese país suramericano, por estar presuntamente incurso en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.
Esta orden de prisión fue dictada un día después de que la Fiscalía pidiese la vinculación del exmandatario por presuntamente haber liderado una estructura para recibir dinero por parte de la empresa Odebrecht y otras empresas de forma irregular para su movimiento político Alianza País.
La fiscal Diana Salazar investiga una trama denominada “Sobornos 2012-2016” en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos excolaboradores del Ejecutivo de durante el mandato de Correa (2007-2017), a quienes también aplicó la misma medida cautelar.
La Fiscalía sospecha que la investigación aclara aspectos sobre por lo menos una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el exgobernante hasta 2017.
En el caso del expresidente, la juez Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que Rafael Correa reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.
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La magistrada recordó que sobre Correa pesa una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso del intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.
Hasta la fecha el exmandatario ecuatoriano tiene más de una docena de expedientes judiciales abiertos y no ha sido condenado por ningún tribunal. Correa se niega a regresar a su país porque considera que es víctima de una persecución política encausada por su sucesor, Lenín Moreno, con quien está enemistado desde hace dos años.
La juez Camacho aplicó la misma medida cautelar al exvicepresidente Jorge Glas, quien fungió como segundo de Correa entre 2013 y 2017 y ese año fue elegido nuevamente en binomio con el actual mandatario Lenín Moreno.
Glas se encuentra en prisión desde hace casi dos años cumpliendo una condena de seis años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht.
Otros vinculados en el caso “Sobornos 2012-2016” a quienes se aplicó prisión preventiva son el exsecretario del Agua, Walter Solís; el exsecretario de Administración, Vinicio Alvarado; y el antiguo asesor ministerial Yamil Massuh.
En la misma sesión la jueza conoció otros 17 presuntos implicados para los que la Fiscalía solicitó prohibición de salida del país, congelación de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes, entre otras medidas.
Las investigaciones comenzaron tras la publicación, a través de medios de comunicación digitales, de una presunta trama de corrupción denominada “Arroz Verde”. La información denunciaba el presunto financiamiento irregular del partido político AP liderado por Correa y que involucraba a varias empresas nacionales e internacionales, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht.
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