La detención el domingo de un quinto opositor con intenciones de postular a la presidencia augura unas elecciones con el campo libre para un cuarto mandato de Daniel Ortega en Nicaragua, aunque probablemente deba negociar para evitar el aislamiento internacional.
A cinco meses de los comicios han sido detenidas 19 personas, entre líderes políticos, exguerrilleros disidentes, periodistas, empresarios y hasta un banquero, acusados de “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, en el poder desde 2007.
Los últimos arrestados en la noche del lunes fueron la exprimera dama María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), con detención domiciliaria, y el cronista deportivo Miguel Mendoza.
“Ortega está demostrando que no está dispuesto a jugarse el poder. Él llegó para quedarse y pagará cualquier costo para perpetuarse”, dijo a la AFP la escritora nicaragüense Gioconda Belli, vía WhatsApp desde Estados Unidos.
Para ella, las elecciones en Nicaragua “serán un teatro”. Con la detención de varios precandidatos, cree que “la oposición no debe participar”.
Las acciones del gobierno de Ortega, líder de la exguerrilla de izquierda Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), han motivado sanciones de la comunidad internacional por socavar la democracia y atentar contra los derechos humanos.
Demostraciones de fuerza
El último aspirante preso fue Miguel Mora, en una redada policial que se inició el 2 de junio con la detención de Cristiana Chamorro, de 67 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y favorita para enfrentar a Ortega en los comicios del 7 de noviembre.
También fueron aprehendidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga, o el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.
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Ortega, de 75 años, encara una crisis política desde 2018, tras manifestaciones contra su gobierno que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.
Para el gobierno, se trató de un intento de golpe de Estado auspiciado por Washington.
La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, ha dicho que solo quienes cometen delitos son “perseguidos”.
En un documento difundido a la prensa, el gobierno aseguró que los precandidatos presidenciales presos son “usurpadores” financiados por Estados Unidos para derrocar a Ortega.
Si bien Ortega no ha formalizado sus intenciones para postular a un cuarto mandato consecutivo, sus rivales lo dan por descontado.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha) mantiene su posición de acudir a los comicios con el candidato disponible. El registro de participantes será entre el 28 de julio y el 2 de agosto.
“En este escenario de debilidad (Ortega) está buscando culpables, tomando rehenes con la esperanza quizás de negociar y haciendo demostraciones ridículas de fuerza”, dijo la líder del CXL, Kitty Monterrey, a la revista digital Confidencial.
Necesidad de negociar
Para el sociólogo Oscar René Vargas, la lógica de Ortega es eliminar a cualquier potencial rival que ponga en riesgo su reelección.
El proceso electoral se desarrolla “bajo un estado de sitio de facto”, dijo a la AFP. Según Vargas, la estrategia de Ortega es permitir la participación de candidatos a su medida “para ganar un mínimo de legitimidad”.
Pero, ante la reacción internacional, “podría verse obligado a llamar a una negociación antes de la votación”, estimó Vargas, quien está exiliado en Costa Rica tras las protestas de 2018.
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El comunicador y simpatizante del gobierno William Grigsby, quien conduce el programa Sin Fronteras en Radio La Primerísima, cree que la idea es “de una vez arreglar eso [la crisis], pero es con los gringos [Estados Unidos], con los dueños del circo, no con los payasos”, en alusión a una eventual negociación.
Aislamiento internacional
El Consejo Permanente de la OEA aprobó con 26 votos, el 15 de junio, una resolución de condena a la persecución de opositores en Nicaragua, una votación no alcanzada en otras sesiones sobre la situación del país centroamericano, y demandó la liberación inmediata de los detenidos.
México y Argentina prefirieron la “no intervención en asuntos internos”. Sin embargo, este lunes ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua ante las “preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno, “que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición”.
En tanto la oenegé de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) llamó a Naciones Unidas a incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, y pidió llevar el tema al Consejo de Seguridad, argumentando un peligro de inestabilidad en la región.
Costa Rica, anunció de su lado que mantiene en suspenso el nombramiento de Xinia Vargas como su embajadora en Nicaragua, debido a las “actuales condiciones políticas” en ese país.
Para la canciller de Panamá, Erika Mouynes, “estamos viviendo lo que se vivió en algún momento cuando la situación con [el presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro recrudeció” y se reaccionó con sanciones.
“Es poner a prueba a la comunidad internacional: si utilizamos la misma receta y no tenemos soluciones concretas, o vamos a encontrar alguna manera de tratar de aliviar la situación (…) en beneficio del pueblo nicaragüense que realmente se merece unas elecciones transparentes”, dijo.
Por: AFP
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