Las universidades estadounidenses se preparan para recibir a los estudiantes. Durante los días duros de la pandemia en sus campus se mostraron malos ejemplos de compromiso epidemiológico. Fiestas clandestinas, ráfagas de súper contagios y una endeble autoridad. La politización de la vacuna permea hacia las instituciones de educación superior.
El debate está centrado en las libertades individuales, la barrera epidemiológica y las reglas curiosamente ambiguas. Una crónica de Laurent Banguet, corresponsal de AFP, logró contundentes testimonios. Uno de ellos de Aniffa Kouton, estudiante de química de la universidad de Indiana.
La casa de estudio del medio oeste del país está bajo una demanda de sus estudiantes. Desean que se revoque las reglas sobre la obligatoriedad de las vacunas y del uso de barbijos. Para ella “la demanda es “ridícula”.
Puedes leer: Afloró una conclusión en el Censo 2020: EEUU es más diverso
“La Universidad de Indiana y otras universidades públicas te piden que estés vacunada. Inmunizada contra otras enfermedades como paperas, sarampión y rubéola”, dijo. “Por eso no me sorprendió cuando pidieron que nos vacunáramos” contra la COVID.
Politización de la vacuna
En el abanico de acciones existen algunas que son comunes. Pase sanitario obligatorio o el uso estricto de mascarillas. Sobre estas medidas se apoya la politización de la vacuna. El periodista original de esta nota, es graduado de la Ecole supérieure de journalisme de Lille. Él tomó como fuente un censo realizado por el medio especializado The Chronicle of Higher Education. El instrumento precisa que solo unas 726 instituciones de educación superior exigen actualmente la vacunación. El pedimento es para al menos algunos de sus estudiantes o de sus empleados. En el país hay sobre un total de 4.000 universidades.
El casi millar de instituciones de educación superior están ubicadas en el noreste o en la costa oeste. A menudo en estados que votaron por el presidente demócrata Joe Biden en 2020. La sola consolidación del dato ilustra la polarización partidista del país.
Como emblema la reseña echa mano a California. La Universidad UCLA, Berkeley y todos los demás sitios de la red están en sintonía. Quienes estudien, trabajen o vivan en algún campus deberán estar “completamente vacunados.
La UCLA colocó una barrera adicional. A fines de julio precisó que todas las personas que visiten sus sitios deberán someterse a pruebas de COVID-19 semanalmente. Estén o no vacunadas.
Y el uso de una mascarilla será obligatorio en todos los edificios. Esto “de acuerdo con las pautas de salud que se aplican en el condado de Los Ángeles”. Así dijo a la AFP Bill Kisliuk, jefe de relaciones con la prensa de UCLA.
Los que están en contra
El trabajo periodístico de la AFP apuntó sus objetivos a Texas. Recreó que en la Universidad de Austin tienen prohibido imponer vacunas o mascarillas. Se trata de una población de aproximadamente 51.000 estudiantes. Es una muestra de la politización de la vacuna. Para más señas el gobernador republicano del estado, Greg Abbott, emitió una orden. Esta impide a cualquier entidad gubernamental que reciba fondos públicos exigir tales medidas sanitarias.
“Nos pedirán que enseñemos cara a cara en aulas donde los estudiantes no tendrán que ser vacunados. Aunque yo lo estoy, parece increíblemente inseguro con la variante delta”. Las palabras son de Jamie O’Quinn, profesora asistente de sociología en la Universidad de Austin. A la profesora le gustaría que los cursos se llevaran a cabo de forma remota.
“Todos mis amigos que deben enseñar de manera presencial están aterrorizados”, dijo.
Puedes leer: ¡En cuarentena! Más de 400 estudiantes de Palm Beach fueron enviados a casa
Paradójicamente, la cercana universidad de St Edwards, privada, tiene derecho a solicitar una prueba de vacunación a sus estudiantes.
Al menos una docena de estados en el país prohíben que las universidades públicas exijan la vacuna contra la COVID. Un ejemplo del caso es Carolina del Sur, otro bastión republicano.
La universidad pública quiso hacer obligatorio el uso de mascarillas en sus edificios. No obstante pero tuvo que dar marcha atrás a principios de agosto. El fiscal general del estado consideró que esta medida sería ilegal.
Noticias Newswire
