El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha solicitado a los legisladores estatales el poder extraordinario de transportar a migrantes que viven ilegalmente en el país fuera de Estados Unidos, según una lista de propuestas que los legisladores dijeron haber recibido de su oficina en días pasados, antes de su llamado a una sesión legislativa especial el 27 de enero.
La Legislatura de Florida tiene programado el inicio de su sesión para marzo.
Dicha lista también incluiría una propuesta para calificar como delito que los agentes del orden y los funcionarios electos no cooperen plenamente con las directivas estatales y federales sobre inmigración, según un reporte del sitio web de noticias centrotampabay.com.
DeSantos dijo que convocó una sesión especial del Legislativo estatal para hacer que el estado “lidere” el programa de deportaciones masivas de Trump. Con las mencionadas propuestas el Gobierno del mandatario floridano espera endurecer las políticas migratorias estatales, en concordancia con la mano dura que ha prometido el presidente Donald Trump.
La lista de propuestas, que según una portavoz del Senado de Florida fueron enviadas al personal legislativo del Senado y la Cámara, son más detalladas que las ideas de política migratoria que DeSantis ha dado a conocer en los últimos días mientras presiona a la Legislatura para que tome medidas en una sesión legislativa especial para ayudar a llevar a cabo los planes de deportación masiva de Trump.
Las propuestas
La lista de propuestas enviada al personal legislativo fue proporcionada a los medios de comunicación Times y Herald por un portavoz del Senado de Florida e incluye lo siguiente:
Reestructurar el programa de transporte de extranjeros no autorizados del estado para permitir que la Administración DeSantis traslade inmigrantes que están en el país ilegalmente “fuera de los Estados Unidos”.
Crear un delito menor de primer grado para agentes del orden y un delito grave de tercer grado para funcionarios electos que no participen en ciertas acciones de aplicación de la ley migratoria federal.
Requerir que las agencias estatales y locales de aplicación de la ley aseguren que al menos el 10% de su fuerza laboral esté capacitada y equipada para ayudar al gobierno federal con la aplicación de la ley migratoria, incluidas las deportaciones.
Permitir que la Guardia Nacional de Florida y la Guardia Estatal de Florida (una fuerza militar civil bajo el control del gobernador), contribuyan con la aplicación de la ley migratoria federal en coordinación con un oficial de inmigración designado por el estado.
Otras propuestas realizadas por el gobernador DeSantis fueron publicadas en un comunicado de prensa que contemplaba facultar al gobernador para suspender a cualquier funcionario electo o designado que se niegue a cumplir con un programa federal conocido como 287g, que permite a los oficiales identificar a inmigrantes que están ilegalmente en el país y que son ingresados en cárceles de los condados.
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DeSantis anunció además su intensión de obligar a las empresas a verificar la identidad de cada persona que transfiera dinero a un país extranjero y a informar cada verificación al estado. También dijo que buscará negar la fianza a todos los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país y que estén bajo custodia, considerándolos en riesgo de fuga.
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