Los republicanos en la legislatura de Pensilvania lograron la tarea. Llevaron a la máxima instancia judicial una interpretación y salieron airosos. Les costó casi tres años de sus vidas. Sin embargo el Tribunal Supremo de Pensilvania respalda a propietarios de armas.
La decisión tuvo lugar en una Corte dividida. Argumentó que los Propietarios de Armas de Fuego contra el Crimen y otros demandantes tienen capacidad legal. Estos pueden enfrentarse a las ordenanzas de armas de la ciudad de Harrisburg.
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La Corte Suprema del segundo estado de la Unión colocó una barrera a las normativas domésticas. Se trata de leyes locales que prevén sanciones penales por descargar un arma fuera de un campo de tiro. Las que sancionan por poseer armas en parques. Entre otras la que torna en delito no denunciar la pérdida o el robo de armas en un plazo de dos días. Y más allá, la ordenanza que obliga a no tener niños no acompañados con armas de fuego fuera de sus casas.
Propietarios de armas respaldados
Sobre esta situación judicial escribió Mark Scolforo de la Associated Press. Se trata de una opinión mayoritaria en la decisión de 4-3. El dictamen precisa que los demandantes no tienen que esperar a ser acusados de violar las ordenanzas antes de desafiarlas por motivos constitucionales. Los propietarios de armas en Pensilvania eludirán las normas locales.
La decisión se produce tras años de trabajo de los republicanos en la legislatura estatal. Ello obstaculizaron a los gobiernos locales. Algunas instancias Ejecutivas promulgaron leyes de armas más restrictivas que las que impone la ley estatal. Ampliaron el tema sobre quién puede demandar para anular dichas ordenanzas.
El fondo del caso
Kim Stolfer dijo este miércoles que espera que el caso vuelva a un tribunal inferior. Allí se decidirá el fondo de su caso. Él dirige un grupo de propietarios de armas de fuego.
“Ningún ciudadano debería ser procesado por ejercer un derecho constitucional”, dijo Stolfer. “Y eso es esencialmente lo que Harrisburg quería. Que pasáramos para ser calificados en esta acción para enfrentarnos a sus ordenanzas ilegales”.
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Se dejaron mensajes en busca de comentarios para el alcalde demócrata de Harrisburg, Eric Papenfuse. Él es un acusado en el caso junto con la ciudad y su jefe de policía. También se buscaron reacciones con los abogados que manejaron la apelación.