A partir de este miércoles 4 de diciembre, la Philadelphia Commission on Human Relations (PCHR) comenzará a aplicar nuevas protecciones en virtud de la Fair Practices Ordinance. Esta legislación, presentada por la concejal del Distrito 3, Jamie Gauthier, busca combatir la discriminación en materia de vivienda al ampliar el alcance de las clases protegidas para los inquilinos.
Gauthier destacó que el Ayuntamiento reforzó la Fair Practices Ordinance de la Ciudad de Philadelphia para combatir la discriminación desenfrenada contra las familias que utilizan vales de vivienda.
“Ahora que estas protecciones han entrado en vigor, los titulares de vales tendrán más facilidad para acceder a viviendas asequibles, así como herramientas adicionales para ejercer sus derechos consagrados legalmente”.
La ordenanza ahora prohíbe explícitamente a los propietarios y administradores de propiedades discriminar a los inquilinos en función de su fuente de ingresos, incluyendo los pagos realizados a través de vales de vivienda.
Fair housing is a right, not a privilege! Under the City of Philadelphia’s Fair Practices Ordinance, landlords cannot refuse to rent to you just because of your source of income. Whether it’s a paycheck, housing voucher, or benefit, it’s all lawful income. @PhillyPCHR pic.twitter.com/HhagDhp2Lc
— Councilmember Jamie Gauthier (@CouncilmemberJG) December 2, 2024
Kia Ghee, directora Ejecutiva de PCHR, enfatizó que todos los habitantes de la ciudad merecen una oportunidad justa de conseguir una vivienda, independientemente de cómo paguen. “Esta nueva legislación allana el camino para una vivienda segura y accesible en toda Philadelphia”.
Según la Fair Practices Ordinance, las protecciones ampliadas para los inquilinos de Philadelphia incluyen:
- Nombrar explícitamente los vales de alquiler, como el vale Housing Choice “Sección 8” de PHA, como un ejemplo de programas de asistencia para vivienda protegida.
- Declarar explícitamente que es ilegal publicitar o comunicar que los vales de vivienda no pueden utilizarse para alquilar o comprar una propiedad.
- Prohibir a los propietarios negarse a alquilar o restringir servicios o reparaciones de manera que nieguen el acceso a los titulares de vales.
- Requiere que los propietarios completen la documentación necesaria para procesar los vales de alquiler con prontitud, sin demoras premeditadas.
- Permite a los inquilinos buscar un recurso legal inmediato con la ayuda de un asesor legal privado si es necesario.
- Exige que los inquilinos reciban un “Aviso de derecho a demandar” si la investigación de PCHR no concluye dentro de los 100 días.
- Amplía el período de revisión judicial a 90 días para mejorar la capacidad de los inquilinos de apelar las decisiones.
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