Un militante de la oposición venezolana identificado como Jesús Martínez, uno de los cientos de arrestados tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro como presidente del país suramericano, falleció bajo custodia del régimen por presuntas complicaciones de salud.
Martínez, de 36 años, murió en un hospital de Barcelona, estado Anzoátegui, por un problema cardíaco, asociado a complicaciones por una diabetes tipo II. Días antes del deceso su familia había denunciado el mal estado de una pierna con necrosis que tenía que ser amputada.
La víctima era militante del partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, que denuncia como fraude la proclamación de Maduro y asegura que su candidato Edmundo González Urrutia se impuso en los comicios del pasado 28 de julio.
“Esto es un crimen, esto es un asesinato”, dijo Machado a la AFP, desde la clandestinidad.
“Los propios compañeros que estaban presos le imploraban a los custodios que lo llevaran a un hospital, su mamá pasó días y días rogando que lo trasladaran. Cuando llegó al hospital ya prácticamente estaba sin posibilidad de salvación”, dijo Machado quien en un mensaje por la red social X responsabilizó por la muerte a Maduro.
Martínez fue detenido el 29 de julio, pocas horas después de la proclamación de la reelección de Maduro, que la oposición y varios países del mundo desconocieron y desató protestas fuertemente reprimidas.
Formó parte del equipo de testigos que la oposición armó para vigilar los votos y su arresto se consideró político.
Fue arrestado “sin orden de allanamiento y sin ningún motivo”, dijo Machado. “Lo trasladaron a unos calabozos infrahumanos en Anzoátegui, fue fuertemente maltratado y estuvo en unas condiciones higiénicas tan precarias que tuvo necrosis en ambas piernas”.
“Los médicos vieron las piernas gangrenadas, dijeron que había que amputarlas, pero con pocas probabilidades de éxito”, apuntó.
“Un número enorme”
Las protestas poselectorales en Venezuela dejaron cientos de detenidos, además de 28 muertos y más de 200 heridos según el fiscal general Tarek William Saab, que en principio habló de más de 2.400 detenidos, incluidos menores de edad.
El fiscal general, señalado de servir al chavismo, dijo a la AFP que “muchos han sido excarcelados”, aunque sin precisar cifras.
La ONG Foro Penal que lleva el registro de detenidos por razones políticas, ha contabilizado 1.979 detenidos. Es “un número enorme”, dijo Alfredo Romero, su presidente. “Estamos hablando de la cifra de presos políticos más alta en el siglo XXI, la más alta de presos políticos en todo el continente americano”, añadió.
La mayoría de los presos en la crisis poselectoral se encuentran en las cárceles de máxima seguridad Tocorón en el estado Aragua y Tocuyito en el estado Carabobo.
Antes del 28 de julio, fecha de las presidenciales, Foro Penal tenía un registro de 305 presos políticos.
Desde 2014 al menos una docena de “presos políticos” han fallecido bajo la custodia del Estado, según los activistas.
“Manos en el corazón”
Entre los arrestos confirmados por Foro Penal desde el 29 de julio, día en que estallaron las protestas por la reelección de Maduro, hay 69 adolescentes y 10 personas con algún tipo de discapacidad.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, resaltó que 10 de los detenidos tienen discapacidades, como un joven de 17 años en el espectro autista y otro de 27 sordo, que no sabe leer, ni escribir ni comunicarse por lenguaje de señas”.
El fiscal Saab ha dicho que los adolescentes arrestados estaban en penales para menores y “atendidos en sus derechos humanos. En Venezuela los niños no van detenidos, eso es mentira”, insistió.
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Un centenar de familiares de detenidos se congregaron este jueves 14 de noviembre frente a la fiscalía para pedir a Saab su libertad. “Que se pongan las manos en el corazón y vea el caso, que son muchachos inocentes”, dijo a la AFP Jenny Barrios, cuyo hijo de 22 de años fue detenido en el taller mecánico donde trabajaba en Maracaibo, estado Zulia.
Al incremento de las detenciones se suma la violación a la presunción de inocencia, la negativa de permitir defensa privada y la falta de acceso a los detenidos, señaló Romero. “Se les ha impuesto un defensor público”.
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