El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, pidió el martes la liberación “incondicional” de todas las personas encarceladas en Venezuela por sus “actividades en el espacio cívico”.
Según la oenegé Foro Penal, al menos 889 personas permanecen detenidas por motivos políticos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Otras organizaciones elevan la cifra a más de un millar.
Grupos de defensa de derechos humanos alertan de patrones sistemáticos de persecución política que incluyen “detenciones arbitrarias” y “desapariciones forzadas”.
“Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico”, afirmó Türk ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra.
El responsable de la ONU alertó además que las autoridades venezolanas habían “intensificado la detención de personas percibidas como voces disidentes tanto en el país como en el extranjero”.
“Desde julio, mi oficina ha comentado la detención de al menos 17 personas -la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores- en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce el paradero y la suerte que han corrido otros 12 familiares”, dijo.
Türk pidió especialmente la liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, así como de cuatro adolescentes “que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024”.
En esos comicios, Maduro obtuvo un tercer mandato presidencial a pesar de las denuncias de fraude de la oposición, encabezada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos no reconocieron los resultados.
Tras la votación del 28 de julio de 2024, estallaron protestas que se saldaron con 28 muertos y 2.400 arrestos.
La abogada Rocío San Miguel fue arrestada en febrero de 2024 bajo la acusación de “traición”, “terrorismo” y “conspiración” por supuesta vinculación a un atentado contra Maduro, según las autoridades.
El activista Carlos Julio Rojas fue arrestado en abril, acusado de ser “instigador” y “operador logístico” de un intento de asesinato contra el presidente.
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Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por cargos de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”. Él se declara inocente.
Eduardo Torres, abogado de la oenegé Provea, fue detenido en mayo de 2025 por “terrorismo” y “traición”.
Kennedy Tejeda, también abogado y miembro de Foro Penal, está encarcelado desde agosto de 2024.
Por AFP
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