El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para establecer una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela a solicitud del Grupo de Lima.
La propuesta de resolución patrocinada por Colombia, Perú, Brasil y Argentina fue aprobada este viernes 27 de septiembre con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.
La comisión “investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitraras, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014” ocurridos en Venezuela y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
La resolución pide que esta misión, cuyos miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, sea “enviada urgentemente” a Venezuela.
Esta decisión se produce un día después que Venezuela lograra la adopción de otra resolución en el Consejo sobre “el fortalecimiento de la cooperación” en el ámbito de los derechos humanos con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El pasado martes, Bachelet anunció la firma de un acuerdo con Venezuela destinado a aumentar la cooperación en materia humanitaria, que tenía entre sus objetivos abrir una oficina permanente en ese país suramericano. A la espera de que esto ocurra, Venezuela aceptó “la presencia continua” de dos responsables del Alto Comisionado en Caracas.
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En un severo informe presentado el 9 de septiembre en Ginebra, Bachelet denunció torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, pero hasta ahora no había pedido una investigación.
La resolución “insta a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión” y le “brinden acceso inmediato y sin trabas”.
Si Venezuela no autoriza su presencia, los investigadores de la ONU podrían trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de Naciones Unidas que investigan los abusos en Siria o Birmania. En ese caso, los investigadores se basan sobre todo en testimonios de refugiados.
Tras conocer el resultado de la votación, el embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió de que su país no cooperará con esta misión.
“La imposición de mecanismos de monitoreo adicionales no contará jamás con el consentimiento de mi país”, dijo Valero al advertir que Caracas ya había acordado una “cooperación técnica” con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Sin duda alguna (la resolución) busca entorpecer el relanzamiento de las relaciones de cooperación y de asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del alto comisionado. Razón por la cual está destinada al fracaso”, agregó Valero.
La misión tendrá que enviar un informe sobre los resultados de sus trabajos durante la 45ª sesión del Consejo, en septiembre de 2020.
“Este proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo que se desarrollan entre los principales actores políticos del país”, insistió Valero refiriéndose a las conversaciones iniciadas por el presidente Nicolás Maduro con un sector minoritario de la oposición, que no incluye a Juan Guaidó, principal adversario del régimen.
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