La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer este jueves su informe tras su visita de tres días a Venezuela, que realizó entre el 19 y el 21 de junio.
En un documento de 18 páginas, fundamentado en 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados, profesionales de la salud, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y exmilitares y oficiales de seguridad, la exmandataria chilena tomó una posición muy crítica respecto al régimen de Nicolás Maduro y denunció que en Venezuela se violan “los derechos económicos y sociales de los venezolanos”.
El informe abarca el período de enero de 2018 a mayo de 2019.
Bachelet propone 13 medidas urgentes para paliar las “graves violaciones” cometidas por la revolución bolivariana. En el informe la alta funcionaria confirma la persecución contra los críticos, los presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y el desastre económico, social y sanitario que amenaza con continuar “el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados que abandonan el país mientras el resto de ciudadanos sufrirán el empeoramiento de sus condiciones de vida”.
En un primer punto el informe “confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”. “Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas”, señala.
Entre las propuestas realizadas por la Alta Comisionada destacan la liberación de los presos políticos, la disolución de las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES), el cese de la persecución política, el restablecimiento de la independencia del sistema de justicia y de la imparcialidad de la Oficina del Fiscal General y del Defensor del Pueblo, el desarme de los paramilitares chavistas, el cese de la censura contra los medios, además de garantizar el acceso a Internet y las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias.
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“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”, precisó Bachelet.
La Alta Comisionada constató lo que todos saben en Venezuela. La puesta en marcha de una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Su oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas de enero a mayo, de las cuales atribuye al menos 52 a fuerzas gubernamentales.
El informe de la ONU detalla las detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
La penúltima víctima de estas prácticas es el capitán naval Rafael Acosta, quien murió el sábado 29 de junio tras las terribles torturas sufridas durante una semana de arresto ilegal en una sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
A modo de conclusión, el informe apunta: “El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales”.
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