En Nueva York ocurre lo contrario que en Florida. Las autoridades neoyorquinas, ante el alud de inmigrantes que los ha rebasado, presionan al gobierno federal para que apresure los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo así como más ayudas para enfrentar un problema que deberían repartirse todas las ciudades del país.
Actualmente la Gran Manzana registra el 40% de los hoteles de entre 51 y 200 habitaciones ocupados por solicitantes de asilo. Ante esta situación el alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha empezado a enviar inmigrantes a otras localidades del estado de Nueva York con el propósito de “descomprimir” las infraestructuras de acogida, eso a pesar de la oposición de comunidades receptoras. De esta manera pretende limitar la estancia en los alojamientos a cuatro meses.
Adams evalúa también utilizar gimnasios de colegios públicos y hasta los hangares del aeropuerto internacional JFK para alojar a los recién llegados. Solo en la tercera semana de mayo llegaron a la ciudad más de 5.800 migrantes y la anterior otros 4.200, de acuerdo con datos suministrados por el alcalde demócrata, para quien la “ciudad está pagando por un problema nacional”.
Hoy por hoy, las arcas de la ciudad que por ley tiene que proporcionar un techo a todo aquel que lo solicite, proveen a 42.000 de las 70.000 personas llegadas en el último año, 12 meses de alojamiento, comida, atención médica o educación. La mayoría de estos inmigrantes llegaron en autobuses fletados desde estados gobernados por republicanos, principalmente de Texas.
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Adams declaró el pasado domingo a la cadena MSNBC, que la avalancha de inmigrantes, principalmente de Centroamérica y América del Sur, en particular de Venezuela, le han costado a la ciudad más de 1.000 millones de dólares y para el próximo año se proyecta gastar más de 4.000 millones de dólares. La ciudad ha recibido 30 millones de dólares de los 350 que ha consagrado la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) por la crisis migratoria.
Mientras no haya una reforma de la ley de migración, que bloquea el Partido Republicano, la solución, según Adams, pasa por la distribución de los inmigrantes por todo el país y la aceleración de los permisos de trabajo por parte del gobierno federal, que ahora demoran un promedio de 180 días.
“Si les permitiéramos trabajar, reduciría la presión y la responsabilidad de las ciudades”, dijo Adams. Sin embargo, la mayoría de los migrantes realizan trabajos temporales y a menudo mal pagados para poder enviar dinero a las familias que quedaron atrás.
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