En fecha reciente el Senado de Estados Unidos aprobó una nueva ley fiscal que canalizará cerca de 170.000 millones de dólares en cuatro años al fortalecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump. El proyecto, que aún debe ser ratificado por la Cámara de Representantes, contempla un gasto sin precedentes en agencias de control migratorio, superando por amplio margen el presupuesto de otras entidades de seguridad como el FBI y la DEA.
La normativa asigna más de 64.000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y 70.000 millones para ampliar y mantener centros de detención de migrantes. También financiará la contratación de más de 20.000 nuevos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como la implementación de tecnologías de vigilancia con inteligencia artificial.
Organizaciones como el CATO Institute estiman que la población migrante detenida podría cuadruplicarse, pasando de 50.000 a más de 200.000 personas.
La ley también impone aumentos significativos en los costos de trámites migratorios y humanitarios: solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países de origen, costará 1.000 dólares y un permiso de trabajo temporal, 550 dólares por seis meses. Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110) y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).
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Además, se restringirá el acceso de migrantes a beneficios fiscales y programas sociales como el crédito fiscal por hijos y Medicaid.