Estados Unidos anunció nuevas normativas para proteger los datos del Gobierno federal y la información personal de los ciudadanos estadounidenses, con el objetivo de evitar que caigan en manos de países como Cuba, Venezuela, China, Irán y Rusia.
Las normas tienen el propósito de implementar una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en febrero del presente año.
En la práctica, estas medidas instauran límites a ciertas transacciones comerciales para impedir que enemigos de Estados Unidos utilicen datos financieros, genómicos y de salud de ciudadanos estadounidenses para realizar ciberataques, espionaje y chantaje.
Las restricciones se dirigen contra lo que Estados Unidos considera “naciones preocupantes”, una designación que incluye a China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela.
Las normas presentadas el pasado lunes 21 de octubre especifican por primera vez los tipos y cantidades de datos cuya transferencia queda prohibida.
En concreto, se incluyen datos genómicos de más de 100 estadounidenses, así como información personal de salud o financiera de más de 10.000 personas. Además, se prohibiría la transferencia de datos de geolocalización de más de 1.000 dispositivos estadounidenses.
La nueva normativa daría poder al Departamento de Justicia para hacer cumplir estas disposiciones por la vía penal y civil.
La orden ejecutiva se basa en la preocupación de los servicios de inteligencia estadounidenses de que países adversarios estén tratando los datos personales de ciudadanos estadounidenses como un valioso “recurso estratégico”, accediendo a ellos de manera creciente mediante terceros.
Uno de los objetivos de estas naciones es supuestamente comprender mejor el comportamiento de la población estadounidense, incluyendo sus hábitos de consumo, para potencialmente utilizar esta información en contra de Washington.
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Además, según la Casa Blanca, estos datos pueden ser robados para someter a los ciudadanos de Estados Unidos a estafas, chantajes y otras violaciones de la privacidad.
Algunas de las víctimas podrían ser miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o funcionarios de su Gobierno, lo que supone un riesgo aún mayor para Washington.
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