Perder la vida después de cruzar una vasta porción del desierto sur es un riesgo al que se exponen las personas, en su mayoría provenientes del Triángulo Norte, cuando se las juegan en la aventura de alcanzar suelo estadounidense con el fin de ser considerados refugiados.
Las condiciones de vida a la que se somete a las familias de El Salvador, Honduras y Guatemala activa el mito construido por los mass media estadounidenses en torno al sueño americano, una historia que las políticas migratorias de la nación desea desaparecer, pero que tan solo en abril envalentó a las almas de al menos 8 mil 897 menores no acompañados, quienes según datos publicados a comienzos de mayo por la CBP fueron arrestados con los pies puestos en “la tierra prometida”.
Ellos forman parte de los 98 mil 977 migrantes indocumentados que las autoridades detuvieron en abril en la frontera con México y con esos arrestos ascienden ya a 460 mil 294 las detenciones de migrantes en el linde fronterizo desde el inicio del presente año fiscal 2019, que comenzó en octubre pasado.
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En medio de este evento socioeconómico, que involucra como variable la impericia de las naciones involucradas para manejar los asuntos geopolíticos comunes, existe una emergencia humanitaria que ha desbordado al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que tiene en su récord la muerte de al menos seis menores migrantes que estaban bajo su custodia.
Una mezcla preocupante
Los funcionarios Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) han declarado en diversas oportunidades que sus instalaciones de retención han sido rebasadas y que no cuentan con profesionales para monitorizar las condiciones de salud de los chicos que llegan solos o en compañía de adultos.
Desde el caso de Jakelin Caal Maquin ocurrido en diciembre de 2018, la niña guatemalteca que murió bajo custodia del Estado estadounidense, las alarmas han estado encendidas, pero muchas organizaciones de apoyo, en conjunto con sectores partidista, afirman que no se hace mucho para proteger la vida de los pequeños.
Una causa de la desconfianza está basada en el reporte de la última muerte de un menor reportada por el DHS, que en vocería oficial informó, nueve meses después del episodio, que una niña salvadoreña había perdido la vida estando bajo su custodia.
El penúltimo informe de un descenso hizo referencia al guatemalteco de 16 años Carlos Gregorio Hernández Vásquez, quien murió en un centro de detención en Texas. No ha habido un anuncio oficial sobre la causa del fallecimiento.
Los otros niños cuya muerte se conoce son Wilmer Josué Ramírez Vásquez, de dos años; Juan de León Gutiérrez, de 16 años y Felipe Alónzo-Gómez, de ocho. Ellos suman los seis difuntos.
Los alrededores y las circunstancias
Muchas organizaciones no gubernamentales y activistas en general, opinan que al Estado no le interesa elevar los controles que impidan que este tipo eventos ocurran.
La organización humanitaria Niños con Necesidad de Defensa (KIND, en inglés) recomendó en EE.UU. que los menores detenidos por la Patrulla Fronteriza en el linde con México reciban atención de profesionales de bienestar infantil, y que se evite la separación de las familias.
Como abono a la trama de usar la muerte como propaganda persuasiva, se suma el Gobierno de Guatemala, que recientemente aseguró que Estados Unidos no ha informado del resultado de las autopsias realizadas a los cinco menores inmigrantes fallecidos en los últimos meses en territorio estadounidense.
Para extender el espectro de preocupación están los datos ofrecidos por KIND, que ha denunciado casos de niños que quedaron solos en Estados Unidos al ser deportados sus padres, o incluso se dan los casos en los que las autoridades no pueden informar sobre el paradero actual de muchos de estos menores.
La angustia de todos está en que al parecer las evidencias de descontrol en el manejo de la crisis humanitaria fronteriza, sea parte de una solapada política y no el resultado de una incapacidad devenida.
A manera de protesta, activistas, líderes religiosos y miembros de la comunidad iniciaron el lunes pasado la Caminata del Migrante, un recorrido anual por la ruta que siguen los inmigrantes indocumentados en el desierto de Arizona con el fin de recordar a los miles que han fallecido en el intento.
“Cada año que he participado en la Caminata del Migrante tengo la esperanza que sea la última”, dijo a Mohyeddin Abdulaziz, que secunda esta iniciativa desde hace una década.
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